El peor atentado terrorista que sufrió la Argentina en su historia acaparó la atención del The New York Times, que en su edición del 31 de enero destacó las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri para darle impulso a una investigación que comenzó hace más de dos décadas.
»La investigación sobre el atentado suicida contra una mutual judía que en 1994 mató a 85 personas, ha enfrentado contratiempos y controversias, lo que causó una fisura insalvable entre Argentina e Irán. Un ex presidente ha sido llevado a juicio, acusado de orquestar un encubrimiento. Y un fiscal involucrado en el caso murió el año pasado en circunstancias turbias», describió la publicación en alusión a Carlos Menem y Alberto Nisman.
Entre las medidas destacadas, The New York Times hizo hincapié en la designación del radical Mario Cimadevilla al frente de la Unidad Especial de Investigación y el compromiso del Poder Ejecutivo de impulsar una nueva ley que permita juzgar a los acusados en rebeldía. Ése proyecto podría debatirse recién después del 1° de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso.
»La pregunta es si esos esfuerzos, que se enfrentan con considerables obstáculos legales y la oposición política, se traducirán en resultados duraderos en un caso que el año pasado le costó al país 3,5 millones de dólares, se cobró una vida y se tragó a muchos otros que se acercaron», analizó.
La causa judicial que lideró el fiscal fallecido Nisman apuntó contra un grupo de iraníes que nunca se presentó a dar explicaciones ante la justicia argentina. El gobierno de Cristina Kirchner intentó con el memorándum con Irán buscar una salida que permitiera interrogar a los sospechosos, pero el tratado fue declarado inconstitucional.
Ahora, el proyecto para juzgar a los acusados en rebeldía, se enfrenta a dos obstáculos: uno es de carácter político. Cambiemos está obligado a negociar con otros bloques del Congreso para poder sancionar leyes. El segundo es legal: hay especialistas que creen que una norma con ese espíritu podría ser declarada inválida por los tribunales argentinos.
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