El parlamento danés adoptó, por una mayoría de 81 votos sobre 109 presentes, la criticada reforma a la ley de asilo, que tiene como objetivo disuadir a los refugiados e inmigrantes de probar suerte en el país, y que prevé medidas como la confiscación de haberes. El texto, presentado por el gobierno del primer ministro liberal Lars Lkke Rasmussen y apoyado por todas las formaciones de derecha, establece un recorte de los derechos sociales de los migrantes y prolonga los plazos para la reagrupación familiar y la concesión del permiso de residencia permanente. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dijo antes de la aprobación que el texto alimenta «el miedo y la xenofobia», y la confiscación de bienes llamó mucho la atención en el extranjero, tanto que el diario Washington Post no tardó en hacer un paralelismo con la expoliación que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
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