Elogiaron a Timerman por admitir la falta de colaboración de Teherán.
Las dos principales organizaciones de la comunidad judía, la AMIA y la DAIA, coincidieron ayer en reclamar la derogación parlamentaria del memorándum de entendimiento con Irán, acuerdo que el Gobierno firmó en enero de 2013 y que, supuestamente, iba a favorecer la búsqueda de la verdad sobre el atentado a la mutual ocurrido en 1994, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
Ayer, el canciller Timerman admitió que el gobierno de Irán no se mostró dispuesto a avanzar con el memorándum firmado hace un año con la Argentina para investigar la causa por el atentado a la AMIA, pero advirtió que el entendimiento «es un paso adelante». A lo largo de un reportaje concedido a Página/12, destacó: «Es como si alguien tiene una deuda conmigo: no es lo mismo si yo tengo algo firmado, un pagaré, que si no tengo nada firmado. El memorándum es un paso adelante», expresó. Inmediatamente aclaró que «el tiempo [para avanzar] es algo difícil de evaluar cuando se habla en términos de negociaciones internacionales».
Ante estas expresiones del canciller, las entidades judías elevaron un pedido para invalidar el acuerdo, a pesar de que ya habían intentado realizar una nulidad por la vía judicial. Hasta ahora no obtuvieron éxito alguno.
»Vamos a trabajar con todos los representantes de la comunidad judía algunas propuestas, como plantear la derogación del memorándum o recurrir a la comunidad internacional», afirmó ayer Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Poco después sumó su voz al reclamo el presidente de la AMIA, Leonardo Jmelnitzky. «A la luz de las declaraciones del canciller, es hora de que el memorándum sea derogado», exigió.
Firmado por Timerman en Etiopía el 27 de enero de 2013 y ratificado por el Congreso argentino el 27 de febrero siguiente, el memorándum establecía la conformación de una «comisión de la verdad» que sesionaría en Teherán integrada por cinco juristas de nota, elegidos por ambos países, con facultades para revisar las pruebas de la causa del atentado y tomar declaraciones a los imputados, entre ellos varios iraníes que, al momento de firmarse el acuerdo, ocupaban cargos en el gobierno iraní de Mahmoud Ahmadinejad.
El acuerdo mereció el inmediato rechazo de las entidades comunitarias y fue votado en contra por casi todo el arco opositor parlamentario. El principal cuestionamiento apuntaba a la pérdida de soberanía que implicaba permitir la revisión de una causa tramitada en los tribunales argentinos por un órgano creado ad hoc.
»La misma presidenta de la Nación había advertido en la última Asamblea General de las Naciones Unidas que «no hay que confundir paciencia con ingenuidad o estupidez», y a pesar de que lo rechazamos desde un principio, creemos que aun quienes lo propiciaron deberían reconocer, y de hecho lo están haciendo, que los tiempos prudenciales se han agotado», agregó Jmelnitzky.
En la misma sintonía ayer se manifestó Schlosser, quien igualmente destacó que nunca puso en tela de juicio las buenas intenciones de Timerman.