El juez federal a cargo de la causa AMIA-DAIA, Rodolfo Canicoba Corral, está llamado a resolver sobre la constitucionalidad del cuestionado memorándum de entendimiento suscripto entre la República Argentina y la República Islámica de Irán. Esta circunstancia ha provocado temor y desconfianza en las instituciones comunitarias judías y entre los familiares de las víctimas del impune atentado sobre el rumbo que podría tomar el muchas veces cuestionado magistrado en la causa aludida. Es de esperar que su decisión se funde exclusivamente en el derecho y la justicia, y que no incidan los aspectos políticos o de otra índole. Cabe recordar, en este sentido, que el Gobierno impulsó la firma del memorándum pese al rechazo casi unánime del arco opositor y de las entidades de la comunidad judía. Es muy difícil sustraerse de los abrumadores indicios de parcialidad y de haber beneficiado al oficialismo que en diversas ocasiones ha exhibido el juez que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Por las razones apuntadas, adquiere suma trascendencia que el magistrado que entiende en esta causa se expida exclusivamente a partir de un riguroso punto de vista legal, despojado de cualquier otro interés que no sea el puramente jurídico.
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