Hace 80 años el mundo fue testigo, silencioso y tolerante, de la gradual desaparición de una república y, en pocos meses, de la instalación de una dictadura con el apoyo entusiasta de la población y sus fuerzas vivas. La República de Weimar fue reemplazada por un régimen totalitario que concentró en una persona los tres poderes del Estado, eliminó los derechos individuales, controló la justicia, suprimió la prensa independiente y, finalmente, ejecutó el terrible Holocausto. Salvando enormes distancias, hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantenernos alerta. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania, luego de obtener sólo el 33 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias de 1932. El anciano presidente, mariscal Paul von Hindenburg, influenciado por banqueros, industriales, empresarios y terratenientes, creyó que, de esa forma, podría neutralizar al creciente partido nazi. También él pecó de ingenuidad, y Hitler puso en práctica un plan que, en poco tiempo, culminó con la suma del poder público. En su discurso del 1° de febrero, Hitler profetizó: «Dadme cuatro años y ya no reconoceréis Alemania». De inmediato, logró que Hindenburg disolviese el Parlamento y convocase a nuevas elecciones, lo cual le dio cinco semanas sin control parlamentario. El 4 de febrero obtuvo del presidente un decreto que prohibía las críticas al gobierno y suprimía la libertad de reunión y de prensa de las organizaciones de izquierda, para barrerlas de la contienda electoral. El 27 de febrero ocurrió el recordado incendio del Reichstag y la atribución de culpas al partido comunista. Hitler forzó entonces la firma de un decreto para la «protección del pueblo y del Estado» suspendiendo las libertades individuales, de expresión, prensa, asociación, reunión y comunicaciones, autorizando a la autoridad política a realizar allanamientos de domicilios, detención de personas y a confiscar bienes privados.
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