El acuerdo entre la Argentina e Irán por la investigación por el atentado contra la AMIA quedó empantanado en una «cuestión de competencia» y la Corte Suprema de Justicia de la Nación sería a la postre la que decida cuál es el juez que debe resolver sobre la constitucionalidad o no del pacto.
La comunidad judía había presentado un recurso de amparo para que la Justicia declarara inconstitucional el memorándum firmado con Irán para posibilitar interrogar a los sospechosos ex funcionarios y funcionarios iraníes, con pedido de captura, por ejecutar el atentado contra la AMIA. Ese recurso, iniciado por la AMIA y la DAIA, recayó en el juzgado contencioso administrativo federal de María Alejandra Biotti. La magistrada resolvió que debe ser el juez federal Rodolfo Canicoba Corral -a cargo de la causa para determinar quiénes fueron los responsables del ataque a la AMIA- quien determine sobre la constitucionalidad del tratado. Biotti suscribió un dictamen del fiscal Fabián Canda y se declaró »incompetente» para entender en el planteo. Canicoba Corral deberá determinar ahora si la causa es de su competencia o no, y en caso de rechazar el expediente -lo que es altamente probable- por tratarse de dos fueros distintos, deberá resolver la Corte Suprema de Justicia a qué juez le corresponderá.
Canicoba Corral, de acuerdo con la causa que el envió su colega del fuero contencioso administrativo, debe determinar si el acuerdo es constitucional o no. Pero el propio pacto señala que se hará operativo cuando el Parlamento de Irán lo apruebe, cuestión que no ocurrió, por lo que ahora el caso podría ser abstracto para el juez federal. Una posibilidad es que así lo decida, rechace el caso o que se lo devuelva a la jueza Biotti, con lo que la Corte Suprema de Justicia decidirá.
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