En un debate intenso y con fuertes cruces, el canciller Héctor Timerman defendió ayer en el Senado el Memorándum de Entendimiento con Irán por la investigación del atentado a la AMIA. Aún sin que el funcionario lograra despejar los reparos sobre el acuerdo, y luego de que los opositores y los dirigentes judíos criticaran duramente el proyecto, el kirchnerismo dejó todo listo para votarlo el próximo jueves. Así, en Diputados podría convertirlo en ley el miércoles 27.
“Será la primera vez que los imputados enfrentarán a la Justicia argentina”, insistió Timerman para defender el acuerdo, aunque agregó que “la indagatoria no es un acto probatorio sino de defensa y podrían negarse a declarar”, como contempla la legislación procesal argentina. “En ningún lugar dice que confiamos en Irán”, aseguró en otra intervención, ante el planteo de que aquel país “no es un interlocutor confiable”. El canciller abrió el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Justicia y Asuntos Constitucionales con la lectura de un texto, luego respondió preguntas y se cruzó con algunos senadores opositores. Y permaneció en el salón para escuchar a los titulares de la AMIA y la DAIA y a familiares de las víctimas del atentado, en el que murieron 85 personas. Con aliados, el kirchnerismo alcanzó las firmas para emitir un dictamen de mayoría.
“Señores, no fantaseen más. No hay cláusulas secretas ni intereses espurios, como repitieron sus medios amigos”, dijo Timerman en otra de sus intervenciones. En el comienzo trazó un recorrido de la causa, citó a Néstor y a Cristina Kirchner, y consideró la propuesta de 2010 de un juicio en un tercer país como la “génesis” del Memorándum. “Es una herramienta política que buscará avanzar en la investigación”, fundamentó. Y en lo que se interpretó como un mensaje dirigido a Israel y Estados Unidos, insistió en que “en Argentina no se usan los secuestros y asesinatos selectivos como en la dictadura y algunos países del mundo”.
Ante el cuestionamiento del radical Ernesto Sanz, Timerman replicó: “El canciller iraní una hora después dijo que Irán cumplirá todos los puntos del memorándum. ¿Usted le cree más a su vocero que al canciller?”. Alí Salehi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, no confirmó que los apuntados por la Justicia argentina –entre ellos Ahmad Vahidi, actual ministro de Defensa– acepten ser interrogados por la Comisión de la Verdad que establece crear el memorándum y por las autoridades judiciales de ambos países. El senador mendocino lo había incomodado al señalar: “Ya no se puede decir que los sospechosos pueden hacer uso del derecho de abstenerse frente a la indagatoria, porque el Gobierno de Irán ha dicho que no los va a sentar para que sean interrogados”.
Los opositores también plantearon sus dudas acerca de si se aplicará el derecho procesal argentino, dado que no figura en el texto firmado por los cancilleres de ambos países en Etiopía, el 27 de enero. Los oficialistas Miguel Pichetto y Aníbal Fernández auxiliaron al canciller. “El punto 5 es más que gráfico. Sólo se puede interrogar a aquellos que tienen las notas rojas de Interpol.
¿Quién lo va a hacer?
Un juez argentino”, intervino sobre ese aspecto el ex jefe de Gabinete.
Otra controversia giró en torno a un eventual retroceso en la causa, con el riesgo de quedar sin efecto los pedidos de captura. “Se mantendrán los pedidos de detención. De no poder concretarse, nada cambiaría”, alegó Pichetto, que luego se cruzó fuerte con el titular de la AMIA, Guillermo Borger.
“Antes Irán no cooperaba y ahora lo hace expresamente reconociendo la competencia de los jueces argentinos”, aseguró Timerman, y le replicó el radical Gerardo Morales: “Con este memorándum se ha modificado la posición argentina.
El Gobierno se entregó, claudicó. Cedimos jurisdicción, nos pusimos de rodillas”, le dedicó, y remarcó que la Presidenta había dicho que no avanzaría sin el consenso de las entidades, los familiares de las víctimas y las fuerzas políticas de la oposición. Timerman también respondió a la sospecha sobre los intereses comerciales detrás del acuerdo: “Pregúntenle a Cargill, a algún sojero amigo. A la Argentina no le traerá ningún beneficio”. En el comienzo del plenario, los radicales pidieron que el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman participaran del debate, pero Pichetto rechazó la moción.
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