Héctor Timerman ha logrado sacarle al Gobierno –se verá por cuánto tiempo– algunas papas del fuego. Cristina Fernández no pareció tener fortuna en su reaparición pública después de la larga gira por Oriente. Anunció el domingo un acuerdo con Irán para avanzar supuestamente en la investigación del atentado en la AMIA (julio de 1994, 85 muertos) y generó una reacción crítica de la comunidad judía y una protesta formal de Israel. El lunes, sin tregua, volvió con la cadena nacional para comunicar mejoras en el Impuesto a las Ganancias y las jubilaciones. Pero tampoco logró conformar al sindicalismo (incluida la CGT K de Antonio Caló) ni a la oposición.
Ese revuelo promete continuar porque en el medio están las discusiones paritarias. El mérito del canciller ha sido neutralizar los duros cuestionamientos que formuló la comunidad judía no bien se difundió el Memorándum de Entendimiento firmado en Adis Adeba (Etiopía) por la Argentina e Irán. Hubo, en principio, un cambio notable entre el fuego inicial de los dirigentes judíos y la prudencia que exhibieron después de la hora y media que conversaron con el canciller.
“Entendemos que desde el Gobierno se está proponiendo con toda voluntad destrabar esta complicada causa”, dijo el titular de la AMIA, Guillermo Borger. Apenas 24 horas antes el propio Borger junto al presidente de la DAIA, Julio Schlosser, habían asegurado que el acuerdo “constituye un retroceso en el objetivo común de obtener justicia”.
¿Qué revelación de Timerman pudo provocar semejante rectificación? Ninguna extraordinaria, al menos que haya trascendido. La aclaración que el llamado interrogatorio sería en realidad “una declaración indagatoria”.
No fue expresado de ese modo en el Memorándum de Entendimiento. Que aquella indagatoria se haría bajo las normas jurídicas de la Argentina. Tampoco quedó en claro en el texto bilateral.
Borger, pese a su ostensible predisposición, afirmó también que “necesitamos más aclaraciones”. La traducción final del encuentro podría ser: la comunidad judía sigue envuelta en dudas y enojos por el paso que dio el Gobierno, pero no podría obstaculizar ahora mismo un camino que todavía no empezó a transitarse. El atentado en la AMIA sigue siendo una herida sangrante, 18 años después de cometido.
La buena voluntad del Gobierno a la que aludió Borger podría estar lindante con otras cosas.
Un grado importante de candidez, si se evitara la tentación de cualquier pensamiento perverso. O un objetivo político externo simultáneo –tal vez superior– al del esclarecimiento de la tragedia.
El Memorandum de Entendimiento lo permite casi todo. Por ejemplo, suponer que el desenvolvimiento de la Comisión de la Verdad consuma un tiempo ilimitado. No serán otros 18 años pero sí un tiempo suficiente que le permita al Gobierno mantener expectativas en el plano local mientras va acomodando sus piezas en el tablero externo. El ex ministro Roberto Lavagna brindó ayer una pista: “Cuando el acuerdo con Irán se presenta como un genuino intento de clarificación del acto terrorista contra la AMIA, tenemos que pensar que probablemente signifique un lamentable alineamiento ideológico”, advirtió.
No se podría condenar, de hecho, la intención de diálogo subrayada por el Gobierno. Ni aun con un régimen, el de Teherán, considerado culpable del atentado en la AMIA por la Justicia argentina. El mismo régimen al cual Cristina demandó hasta septiembre del año pasado la entrega de los supuestos responsables para que pudieran ser juzgados en nuestro país.
Pero también cuesta creer que la Presidenta y Timerman puedan fabular con la siguiente hipótesis. Que aquellos inculpados sean interrogados en Teherán sin ningún tipo de obstáculos. Que esos iraníes puedan flaquear frente al fiscal, el juez Rodolfo Canicoba Corral y los miembros de la llamada Comisión de la Verdad. Que aún en el caso de alguna sospecha o comprobación, esos inculpados sean entregados mansamente por el régimen teocrático. Eludieron por años los pedidos de la Argentina y la orden de captura de Interpol. No los arrearían ahora, en cumplimiento del Memorándum, de su propia tierra, donde aceptaron ser interrogados.
Mientras ese trámite se ordena y desarrolla habría que ir auscultando las conductas del gobierno cristinista en otro tópicos de su relación con Irán. Se puede pasar por alto el creciente comercio bilateral. Pero, ¿seguirá nuestro país votando implacablemente contra Teherán, como lo hizo hasta ahora, en la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)?
Por lo pronto, no sería una señal menor para la comunidad mundial que la Argentina haya admitido negociar con un régimen al cual consideraba responsable de la tragedia. Vale recordarlo: en el 2011 Cristina le pidió a Evo Morales que echara de su país al ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, de visita ocasional en el altiplano. Vahidi fue vinculado por el fiscal Alberto Nisman con el atentado en la AMIA. Para la misma época, Buenos Aires le reclamaba a Brasilia mayor claridad en su postura diplomática y nuclear hacia Irán.
Aquella señal tendría en el dislocado presente internacional un significado especial para América latina. Es en esta región del mundo donde Irán ha hecho apuestas para quebrar el aislamiento al que lo viene condenando la alianza de Estados Unidos con Israel. Siempre se insiste con que Fidel Castro, en Cuba, y Hugo Chávez, en Venezuela, tendieron el puente imaginario de Irán con esta geografía. Pero hay algo más que eso. Seis jefes de estado latinoamericanos ya visitaron Teherán. Amad Ahmadineyad, el líder del régimen, visitó ocho veces la región en seis años. Su país lleva firmados más de 500 acuerdos bilaterales con naciones de la zona. Y es además miembro observador del ALBA.
El giro de Cristina en el caso de la AMIA favorecería ese proceso de inserción.
¿Casualidad?
Irán es un país petrolero influyente en la OPEP. Y en las naciones asiáticas. Es también una potencia militar fuera del control de Washington. En esta hora, Washington está de Buenos Aires a muchos más kilómetros políticos de distancia que antes.
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