Una semana después del reclamo formal que se elevó a la Cancillería llegó la respuesta. En un escrito de apenas tres párrafos que recibió anteayer el fiscal Alberto Nisman, el Gobierno rechazó tajantemente la posibilidad de brindar información sobre las negociaciones que Buenos Aires y Teherán iniciaron para avanzar en la causa por el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos en 1994. El pedido para exigir transparencia y obtener datos del diálogo con Irán había sido exigido no sólo por la Justicia y por las autoridades de la comunidad judía en el país, sino también por el gobierno de Israel. En el escueto escrito que envió la Cancillería al fiscal Nisman, el Gobierno respondió que «tratándose de un proceso de negociaciones diplomáticas entre Estados, las partes han acordado mantener reserva de su contenido mientras dure el mismo», sostiene el texto, al que accedió La Nación. En palabras más sencillas: ni la administración de Cristina Kirchner ni el régimen de Ahmadinejad están dispuestos a revelar detalles de las negociaciones que comenzaron hace dos semanas en Ginebra y que continuarán a fin de mes. Ni siquiera la parte querellante, representada por el apoderado de la DAIA y la AMIA, Miguel Bronfman, que había pedido expresamente a la Justicia información sobe el diálogo con Teherán, y el mismo fiscal Nisman, que acusó a ocho funcionarios y ex funcionarios iraníes por su presunta vinculación con el atentado terrorista, podrán saber qué se está negociando con Irán, en una causa que los involucra de manera directa.
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