PRENSA

Editorial: AMIA. las preguntas del fiscal son las de todos

Las conversaciones bilaterales con el régimen teocrático de Irán en torno de la causa por el atentado contra la AMIA «progresan», según afirmó el canciller, Héctor Timerman, «con resultados positivos». Por eso, el fiscal de la causa, Alberto Nisman, con buen criterio, acaba de requerir a la Cancillería mediante un oficio que se le haga llegar la información pertinente. Nisman agregó que si, por algún motivo, fuera necesaria alguna reserva sobre ésta, ella está disponible. Tanto la AMIA como la DAIA han formulado, como cabía esperar, pedidos similares. En rigor, los argentinos todos comparten la inquietud expresada por el fiscal Nisman, dado que aspiran a un mínimo de transparencia. Como hemos expresado desde estas columnas, nuestra Constitución contiene un artículo, el 109, que es particularmente claro al señalar que «en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas». De allí el correcto requerimiento del fiscal, puesto que el Poder Ejecutivo Nacional no puede entrometerse en las causas judiciales en trámite sin violar nuestra Constitución, que establece límites absolutamente precisos al objeto y contenido de las negociaciones en curso con Irán, que deberían circunscribirse esencialmente al tema puntual de la extradición de los iraníes que han sido requeridos por nuestra Justicia por haber sido acusados.