El fiscal Alberto Nisman, a cargo de la unidad fiscal que investiga el ataque a la sede de la AMIA, le reclamó al canciller Héctor Timerman detalles sobre las negociaciones que el gobierno argentino inició con las autoridades de Irán por los acusados de perpetrar ese atentado.
Nisman le envió un oficio al canciller requiriendo precisiones sobre el trámite y el resultado obtenido hasta ahora, el mismo requerimiento que habían efectuado la DAIA y la AMIA.
Funcionarios de Irán y la Argentina mantuvieron hace una semana una serie de encuentros en Suiza para analizar el planteo de la justicia federal local, que busca interrogar a un grupo de ex funcionarios iraníes sospechados de planificar la masacre que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas en la sede de Pasteur 633, en el barrio de Once.
Al término de la primera ronda de reuniones un vocero del gobierno iraní rechazó cualquier responsabilidad de ciudadanos de ese país en el atentado.
En ese contexto, el canciller Timerman consideró que las reuniones habían arrojado «resultados positivos» y anunció una nueva serie de encuentros para las próximas semanas.
«El único compromiso es con las víctimas y el derecho de sus familiares a hallar en la verdad y en la justicia la reparación debida –dijo Timerman– La Argentina reafirma que en dicho objetivo no hay lugar para intereses geopolíticos, ni propios ni ajenos.» Diputados opositores reclamaron que el fiscal se hiciera presente en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para informar de esta situación, pero el representante del Ministerio Público anunció a último momento que no concurriría diciendo que se había «tornado inconveniente» su participación en la sesión.
Desde 2006, la justicia argentina libró órdenes de captura internacional contra ocho iraníes, entre ellos Ahmad Vahidi, actual ministro de Defensa; Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires; y Hadi Soleimanpour, entonces embajador y hoy viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Africanos.