Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que el máximo tribunal quedó a cargo de dirimir un conflicto de competencia entre la jueza penal y contravencional María Cristina Lara, en el que se originó la investigación por una denuncia de la DAIA, y el fuero federal a cargo de Sergio Torres. D’Elía fue citado por el fiscal de la Unidad Sudeste Martín Lapadú, ante quien negó haber utilizado el término «paisano» «en forma peyorativa». Luego la jueza se declaró incompetente y derivó la causa a Torres, pero éste no asumió el caso, por lo que el expediente fue girado a la Corte Suprema para la definición del conflicto. El piquetero está acusado por supuesta discriminación, penada en el artículo 3 de la ley antidiscriminación, que prevé que «serán reprimidos con prisión de 1 mes a 3 años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma».
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