Desde el comienzo del estallido popular en los países árabes y musulmanes del Medio Oriente y el norte de África, el mundo ha observado con esperanza la sucesiva caída de regímenes autoritarios y represivos. A pesar de la feroz represión recibida -que costó la vida a miles de personas-, las masas movilizadas han logrado promover cambios tendientes a una mayor libertad política, reformas institucionales, democratización y justicia social.
El caso de Libia, lamentablemente, se está manifestando como el más sangriento de los procesos revolucionarios. Las tropas y mercenarios leales al líder Muammar Gaddafi desataron una represión sin precedentes, que ya ha causado más de 6000 muertos y el éxodo de 140.000 ciudadanos libios. La Coalición Revolucionaria, por su parte, lleva reclutados a más de 10 mil voluntarios armados para marchar hacia la ciudad y tomar Trípoli, dónde permanece atrincherado el dictador.
Los reiterados e indiscriminados bombardeos del ejército libio sobre la población civil significaron la expulsión de este país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, medida tomada por la Asamblea General de dicho organismo con el apoyo de 192 países. La Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, cuya fiscalía dirige el argentino Luis Moreno Ocampo, ha anunciado que investigará al régimen libio de Muammar el Gaddafi por presuntos crímenes de guerra cometidos desde el 15 de febrero de 2011.
De esta forma, el caso libio se suma al de la región sudanesa de Darfur, remitido a la Corte en 2005 luego de un pedido del Consejo de Seguridad de la ONU. En aquel caso, Moreno Ocampo había acusado al presidente sudanés, Omar Al Bachir, de presuntos crímenes de guerra, con lo que se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en recibir tal acusación. La CPI investiga también presuntos crímenes de guerra en Uganda, la República Democrática de Congo, la República Centroafricana y Kenia.
A pesar de la gravedad de los hechos (que incluyen testimonios de ciudadanos libios sobre la existencia de centros clandestinos de detención y tortura), varios países latinoamericanos y algunas organizaciones sociales y de derechos humanos, dudan en condenar a Gaddafi. La pérdida de una referencia histórica -que alimentó sentimientos revolucionarios en Cuba, Nicaragua y, más recientemente, en Venezuela-, parece haber afectado a varios representantes del anti-imperialismo latinoamericano.
No hay razón que justifique que países y organizaciones que se consideran y se presentan como democráticas ignoren y callen frente a semejante masacre y a las apelaciones a atrocidades de toda naturaleza cometidas por un régimen que, de por sí, representa la antítesis de la tolerancia y el respeto a los derechos humanos.