La permanente negativa de la República Islámica de Irán de entregar a nuestra Justicia a los sospechosos de haber volado la mutual judía de la AMIA y el reciente rechazo iraní a trabajar juntamente con nuestro país para que esos implicados puedan ser juzgados en un tercer Estado vuelven a poner en el centro del debate mundial dos cuestiones complementarias. Por un lado, en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos en materia penal internacional; en otras palabras, lo posible y lo deseable en el combate contra el terrorismo internacional y, en segundo término, la necesidad de contar prontamente con un tribunal penal internacional (TPI) con nuevas competencias. El TPI se creó en Roma en 1998 con el voto positivo de los representantes de 120 Estados (entre ellos, la Argentina, y con las abstenciones de veinte naciones) con el objeto de buscar, enjuiciar y castigar al autor o autores de cometer crímenes contra la humanidad, de guerra, de genocidio y de agresión. Con hechos como los precedentemente descritos por parte de Irán amerita volver a discutir nuevos delitos que deberían estar en la jurisdicción de ese tribunal. *Profesor en la carrera de Ciencia Política en la UBA y la UB y compilador del libro Las nuevas amenazas a la seguridad.
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