La respuesta de Irán a la iniciativa de nuestro país de realizar un juicio en sede judicial internacional no debe desalentar la búsqueda de justicia por la AMIA. El rechazo del gobierno de Irán a realizar un juicio por el atentado a la AMIA en un país neutral, agrava en lo jurídico y lo político la situación de los imputados que forman parte de las estructuras de poder en ese país, en la causa. La posición fue criticada por el gobierno israelí, que además advirtió sobre una escalada belicista y la posibilidad de nuevos atentados, por parte del país islámico. Pero sin duda, la cuestión se extiende más allá de la renuencia constante que el desapego que Irán ha mostrado a las normas del derecho internacional y remite a las consecuencias del mayor atentado terrorista que sufrió nuestro país, en dos dimensiones. Una, la particular y puntual, referente a ese caso concreto, recuerda los nombres, los rostros perdidos, las vidas truncas antes de tiempo. La otra dimensión es la general, la que quizás tiene menos caras con nombre y apellido, pero es la que más recuerda cuan cruenta es la amenaza, cuan peligroso el flagelo. Es la que recuerda, en este caso, que AMIA fue uno de tantos.
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