En el hermetismo total, el Gobierno prepara por estas horas su respuesta al rechazo, acompañado por duras acusaciones, de la República Islámica de Irán a la idea que Cristina Kirchner lanzó en la última Asamblea General de las Naciones Unidas para que un tercer país sea el lugar para la apertura de un juicio contra los ciudadanos iraníes que la justicia argentina acusa de ser los autores del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de 1994. Los funcionarios que circularon ayer por la Rosada evitaron incluso contactos en los que la prensa pudiera abordar el tema. Y la única que se refirió al tema fue la propia Cristina, cuando el lunes dijo que la Cancillería preparaba un comunicado para responder a la carta de los iraníes, que la mandataria consideró “muy larga, muy extensa”. Ayer, en la colectividad judía circulaban diversas versiones, y esperaban, sin manifestarlo en público, una fuerte respuesta del Gobierno a Irán. De hecho, en una reunión de urgencia que la comisión directiva de la AMIA mantuvo a última hora volvió a aflorar en el aire la idea que algunos sectores impulsan pero no oficializan: pedirle a Cristina la ruptura de relaciones económicas con Irán. Una decisión difícil para el Gobierno, que ha pretendido separar su apoyo a la causa de AMIA y las relaciones con el Estado de Irán. De ser un socio estratégico en el pasado, con el atentado a la mutual judía –que dejó 85 muertos y cientos de heridos– la balanza comercial pasó a cero, pero al día de hoy está llegando a los U$S 1.500 millones.
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