Una enconada disputa sobre la política de inmigración de Francia se hizo pública de manera espectacular. Desde hace mucho que se sospecha que el gobierno de Nicolas Sarkozy tenía en la mira a los gitanos –muchos de los cuales son ciudadanos de la Unión Europea de origen rumano y búlgaro– para buscar deportarlos cuando permanecen en el país más allá de los tres meses a los que tienen derecho automático según las normas europeas. Bruselas cuestionó el enfoque francés, pero aceptó las garantías que le dieron los ministros de ese país en el sentido de que no estaban actuando de manera discriminatoria. Pero ahora Viviane Reding, comisionada de Justicia y Derechos Fundamentales de la UE, sostiene que fue engañada por esas garantías. Esto ocurrió después de que el diario Le Monde publicara un memo del gobierno que sugería que en realidad se había ordenado a la policía que diera prioridad a los gitanos a la hora de desmantelar los asentamientos de los inmigrantes. Reding dice que toda la cuestión es una vergüenza y comparó esta política francesa con el traslado forzado de personas en las décadas del 30 y el 40. Además, amenaza con llevar a Francia ante el tribunal por infringir las obligaciones del tratado europeo. (…)
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