Pese a la ola de protestas de la comunidad internacional, el gobierno de Irán se mantiene firme en su intención de lapidar a Sakineh Mohammadi Ashtiani, condenada a muerte por adulterio y por la supuesta participación en el asesinato de su marido. El caso “no debería convertirse en un tema político y de derechos humanos”, desafió el portavoz de la cancillería iraní, Ramin Mehmanparast, y reclamó hoy que cesen las intervenciones en favor de la mujer. “Algunos dirigentes occidentales, incluso los ministerios de Exteriores de Francia y de Italia, intervinieron en este asunto pero lamentablemente sobre la base de informaciones falsas”, sostuvo el vocero, en su habitual rueda de prensa semanal en la sede del ministerio, en Teherán. “El caso de un sospechoso de homicidio no debería ser transformado en un caso político y de derechos humanos”, remarcó Mehmanparast. Ashtiani, de 43 años y madre de dos hijos, fue condenada en 2006 por tener una “relación ilícita” con dos hombres luego de la muerte de su esposo un año antes y fue sentenciada entonces por una corte a 99 latigazos, que recibió poco después. Pero luego, ese mismo año, otro tribunal reabrió el caso y decidió que esa relación se había producido cuando su marido todavía vivía, por lo que constituía “adulterio”. Entonces fue sentenciada a morir apedreada, aun cuando se retractó de una confesión que dice haber hecho bajo coacción.
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