El atentado del 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel puso en evidencia la falta de preparación de la Corte Suprema de Justicia para llevar adelante con eficacia la investigación de un delito de tamaña complejidad. La Corte Suprema dilapidó tiempo y elaboró hipótesis incongruentes. Bajo la responsabilidad del entonces presidente de la Corte, la causa estuvo dominada por cierta pasividad y falta de dirección. Luego las actuaciones pasaron a estar dirigidas por todos los integrantes del máximo tribunal, lo cual tampoco fue positivo. Por fin, se designó al secretario para llevar adelante la instrucción, quien le dio cierto estímulo y mayor coherencia a la investigación. Esta designación de la Corte en su momento fue un reconocimiento implícito de los pobres resultados que se habían obtenido. Si bien el tiempo transcurrido juega en contra del esclarecimiento total del atentado, ello no significa que ya nada más se pueda hacer. Por lo pronto se espera que al menos se determine cómo se sucedieron los hechos y quiénes serían sus autores ideológicos, más allá de los pronunciamientos que con motivo del nuevo aniversario del hecho han formulado los diplomáticos de la legación israelí. También se espera que se pueda determinar el papel y la identidad de aquellos que brindaron una apoyatura interna a los tèírOristas. En ese sentido, la embajada de Israel le solicitó oportunamente a la Corte que profundizara la investigación sobre por qué la sede diplomática no contaba con la custodia habitual de la Policía Federal. Si bien este punto ya fue tratado en el curso de la pesquisa y el resultado de la falta de vigilancia habría sido atribuido a la negligencia de los agentes destinados a esa tarea, parece razonable volver sobre el tema y ahondar en la conducta de los policías implicados. Junto a ello, parece también necesario investigar más profundamente la conexión local de los terroristas. Quizá sea cierto que quienes dieron una apoyatura interna no tuvieron contacto directo con los terroristas, pero esto es una presunción referida a una incógnita que permitiría acercamos a los responsables del crimen. En esta investigación no hay ningún justificativo para dejar puntos oscuros que podrían esclarecerse redoblando el esfuerzo, máxime cuando el estado de la causa arroja resultados sumamente pobres. No debe olvidarse que la falta de eficiencia de los servicios de justicia y de seguridad creó condiciones para la concreción posterior del atentado contra la sede de la AMIA. Por este motivo también se debe seguir trabajando para que se esclarezca el atentado a la embajada. Lejos de ello, las curiosas giras de ex funcionarios y referentes del oficialismo a países sospechados de estar involucrados en el hecho, marcan fuertes contradicciones con respecto a la voluntad del Gobierno en su compromiso con la verdad y la justicia.
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