PRENSA

La Argentina apoya una ONU antiterrorista

«El mayor peligro que tenemos hoy es que los grupos terroristas ya no están ligados a Estados que los financian, sino que están intrínsecamente vinculados a redes de crimen organizado que poseen muchos recursos, producto de sus operaciones clandestinas y del lavado de dinero». Fue una de las definiciones centrales -apuntó al escenario de la Triple Frontera- que dio Jean Paul Laborde, enviado de las Naciones Unidas para difundir la estrategia del organismo internacional para enfrentar el terrorismo, tras su paso en las últimas horas por la Argentina. Ayer, el país, representado ante la ONU por el embajador Jorge Argüello, elevó una iniciativa junto a otros cuatro, Austria, Burkina Faso, Croacia y Pakistán, con el propósito de lograr una resolución de la Asamblea General de la ONU para poner en marcha cuanto antes la nueva estructura dirigida por Laborde que se creó hace ya seis meses.

En otra parte de la conversación surgió el inevitable tema de quién ejerce el comando y control (el poder) en las acciones antiterroristas globales. Es una puja silente del organismo internacional entre el Consejo de Seguridad (los países que ejercen el poder real) y la Asamblea General (donde están representadas las voluntades del resto del mundo). En efecto, el «Equipo Especial sobre la Ejecución de la Estrategia de la ONU contra el Terrorismo» que preside Jean Paul Laborde, tiene la titánica tarea de intentar centralizar y coordinar todas las acciones antiterroristas que hasta ahora se ejecutan desde el Consejo de Seguridad. Afganistán es el ejemplo, allí actúa la Fuerza Internacional de Ayuda a la Seguridad (ISAF) de 43 países contra el terrorismo talibán, liderada por EE.UU., encuadrada en disposiciones del Consejo de Seguridad y bajo el paraguas militar de la OTAN, la ONU sólo acompaña el proceso.

Laborde pasó por la Argentina y expuso la estrategia en el hotel Hilton ante un reducido grupo de especialistas, entre ellos el director de inteligencia estratégica militar, Carlos Aguilar (se sentó al final del salón, como un alumno que pretende esquivar la mirada del profesor), jueces federales, diplomáticos y los jefes de la Gendarmería, la Prefectura y Policía Federal. El embajador Argüello hizo de guía de Laborde en el país y lo acompañó en una recorrida por despachos de los tres poderes del Estado y agencias de inteligencia estatal. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, abrió la disertación de Laborde lo presentó e hizo una breve síntesis sobre los dos atentados explosivos que sufrió el país (la voladura de la Embajada de Israel y de la sede de la AMIA) y no faltó la crítica a la actuación irregular de la Justicia y del Gobierno durante el período de Carlos Menem. Condenó a Hizbulá y ratificó ante el enviado de la ONU la necesidad de exhortar a Irán para la extradición de los ex funcionarios de ese país que fueron imputados en la causa de la AMIA.

Experiencia

La llegada de Laborde al país, el primero en su recorrida por la región, se debió a la desgraciada experiencia que se acumuló tanto en la investigación judicial -aunque fue obstaculizada- y en las medidas de contrainteligencia que surgieron a posteriori de esos hechos cruentos. Del discurso -leído- se concluye que su misión de docencia en la región pasa por un eje; no se puede combatir el terrorismo sólo desde un punto de vista militarista o de utilización de las fuerzas de seguridad. «Hay que apoyarse en el respeto de los derechos humanos y la Justicia penal, el diálogo interreligioso, el fortalecimiento institucional, la erradicación de la pobreza y el desarrollo social, para impedir la propagación del terrorismo», dijo el funcionario de la ONU. Se le preguntó, entonces, cómo veía la región habida cuenta de esas condiciones que enumeró. Sin nombrar países específicos, afirmó tajante: «Hay que prestar atención a la prevención» y en un aparte, mencionó las FARC. Más claro, hay falencias en esas condiciones y favorecen la difusión del terrorismo. Eso sí, quizá en mérito a buenas reglas de cortesía, se apuró en aclarar que la Argentina no entra en esa descripción.

En 2006, la Asamblea General alcanzó consenso por primera vez en implementar un plan global de medidas antiterroristas; la iniciativa fue en gran parte concebida por España (víctima de los actos terroristas de ETA). La idea era encapsular al terrorismo evitando su difusión a terceros países. En la región, el caso más preocupante son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, como sucedió con ETA, utilizan terceros países a modo de santuario (hay sospechas sobre Venezuela y Ecuador) para descanso de sus tropas irregulares. Entre las medidas aprobadas por la ONU para frenar la propagación del terrorismo figuran el que se den soluciones a conflictos «prolongados o sin resolver», encuadre donde entrarían las FARC.