En pleno terremoto parlamentario, un personaje clave para el futuro de la globalización visitó la Argentina y conoció a los protagonistas de la política, la diplomacia, la Seguridad y la Justicia. Jean Paul Laborde, titular del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Estrategia de las Naciones Unidas Contra el Terrorismo, eligió a nuestro país como el primero en su gira latinoamericana para presentar su plan, a seis meses de haber sido nombrado por la ONU en el cargo.
El eje de su visita fue su interés por la causa AMIA, a la que considera un caso testigo para las nuevas formas de enfrentar la amenaza del terrorismo global. En una conferencia reservada que dio el jueves en el Hotel Milton ante jueces, funcionarios de Cancillería y de Inteligencia, además de los jefes de todas las fuerzas de seguridad, Laborde aseguró: “Un ejemplo de acción antiterrorista en cuanto a consideración y respeto de los derechos humanos es familiar a un país en particular: la Argentina”. El diplomático explicó: “Los ataques, tanto el de 1992 como el de 1994, fueron un shock para esta nación. No obstante ello, las medidas adoptadas para hacer frente a estos hechos, a pesar de las dificultades encontradas, han sido llevadas a cabo en el marco jurídico previsto por la ley vigente”.
En ese encuentro, que fue presentado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, Laborde expuso la nueva estrategia de la ONU contra el terrorismo. “El rasgo más característico de la estrategia –dijo– es el reconocimiento de que es necesario un enfoque más amplio y más integral para combatir al terrorismo. Por lo tanto, la estrategia está centrada en los cuatro pilares: 1) medidas para hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo; 2) medidas para prevenir y combatir el terrorismo; 3) medidas destinadas a aumentar la capacidad de los Estados para prevenir el terrorismo y luchar contra él y a fortalecer el papel del sistema de las Naciones Unidas a ese respecto, y, por último, pero no menos significativo, 4) medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el imperio de la ley como base fundamental de la lucha contra el terrorismo”.
El jefe de la task force antiterrorista de la ONU insistió con el ejemplo argentino: “Los Estados miembros han hecho un notable progreso respecto de los pilares vinculados al combate contra el terrorismo y a la capacitación de la agencias nacionales, pero no podemos seguir ignorando la importancia central de la acción preventiva, ni la necesidad de mantener principios orientados a la protección de los derechos humanos. Este tipo de enfoque exhaustivo ya está puesto en la práctica en la Argentina”.
En la conferencia del jueves, en sus charlas con directivos de la AMIA, miembros del CELS y Memoria Activa, y en la cita de ayer con Alberto Nisman, el fiscal que investiga el atentado, Laborde, discutió sobre un punto caliente: la calificación por parte de Argentina (con Estados Unidos e Israel) de Hizbulá como “organización terrorista”. Para el funcionario de Naciones Unidas, el enfoque más apropiado sería el de buscar un convenio global para tipificar jurídicamente los actos individuales y concretos de terrorismo, más que buscar un consenso internacional muy difícil de lograr para una definición general sobre qué grupos o Estados son terroristas.
Laborde también insistió sobre la necesidad de convertir los informes de inteligencia en pruebas penales jurídicamente válidas, aunque reconoció que es una tarea muy compleja.
El lunes 7, el embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello, será el informante de un grupo de cinco países (con Austria, Burkina Faso, Croacia y Pakistán) que pedirán la resolución de la Asamblea para poner efectivamente en marcha la Task Force antiterrorista dirigida por Laborde.