El policía y abogado Ciro Gerardo James, investigado por la intervención del teléfono celular de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares del Atentado a la AMIA, aseguró ante el juez Norberto Oyarbide que él sólo había retirado los casetes de esas escuchas como una «atención» a la Policía y negó tener cualquier relación con la orden que determinó la intervención confirmada por la SIDE. El magistrado, sin embargo, ordenó ayer el allanamiento de su estudio y de su domicilio, mientras él permanecía detenido en el penal de Marcos Paz.
El juzgado recibió ayer además una presentación del empresario Carlos Ávila, dando cuenta de los hechos que había leído en la prensa y solicitando que se investigara si su celular también había sido intervenido, Oyarbide dio vista al fiscal a cargo, Jorge Di Lello, sobre el escrito, quien impulsará hoy varias medidas para indagar sobre esta pesquisa.
La intervención del celular de Ávila fue confirmada y consta en el expediente, pero hasta el momento no se había iniciado una investigación al respecto. Estas escuchas fueron ordenadas a la SIDE por un juzgado de Misiones, con el argumento de que sus propietarios podrían haber tenido que ver con la pesquisa de una banda de narcotraficantes y el asesinato del contador José María Piccoli, producido en 2005. Ante un hábeas corpus presentado por Burstein (quien recibió un llamado anónimo en el que le advertían que lo estaban espiando), Oyarbide contactó al juez subrogante de Misiones a cargo, José Luis Rey, quien habría afirmado no saber que esos celulares pertenecían a Burstein y Ávila.
Incógnita
Existe además un tercer número de celular que figura intervenido, por orden del juzgado de Misiones, y que ayer era una de las incógnitas que pululaban por los pasillos de Comodoro Py. No se conoce la identidad del propietario, sólo que tiene domicilio en Ezeiza, destino predilecto de numerosos políticos para pasar el fin de semana. Carlos Ruckauf, Aníbal Ibarra, Carlos Chacho Álvarez y el vicepresidente Julio Cobos tienen quintas en esa zona.
James fue detenido el lunes pasado e indagado el martes por la noche. En esa declaración admitió haber retirado las grabaciones de las escuchas realizadas a uno de los celulares de Burstein (el que utilizaba para hablar con el fiscal especial que investiga el atentado a la AMIA, Alberto Nisman), como una atención con la Policía de Misiones y autorizado por el juzgado que las había requerido, para agilizar la causa por la que había sido intervenido ese número, ya que él viajaba seguido a esa provincia.
El abogado, sin embargo, negó haber sido quien aportara la información de que ese número podría tener que ver con la causa de los narcotraficantes que tramitaba en Misiones. En este punto, ya surgen las primeras contradicciones: según la declaración testimonial que el juez subrogante de Misiones, José Luis Rey, tomó al auxiliar de Inteligencia de esa provincia que recibía los casetes transportados por James, Diego Guarda, el abogado habría sido quien diera el dato de los números celulares intervenidos. De hecho, una de las próximas medidas del juez será citar a indagatoria al oficial misionero, y quizás hasta al comisario que lo supervisaba.
Existen en este punto numerosos interrogantes. Por ejemplo, de las constancias enviadas de Misiones surgen dos versiones sobre las mismas grabaciones: mientras en su testimonio Guarda afirmaría que no escuchó los casetes y que estaban en su casa, en el juzgado habrían determinado que no eran de interés para la causa. Tampoco está claro el número de casetes que recibió el juzgado de esa provincia ni si ese número coincide con los que retiró James. Además, el juez subrogante Rey (quien no prorrogó la primera orden sino que la dictó por segunda vez, ya que la primera vez las intervenciones no pudieron concretarse) habría aducido a un «error por inexperiencia» el que el auxiliar de Inteligencia misionero no revisara de quién eran los números intervenidos, si bien desde el juzgado tampoco se habría tomado ninguna acción al respecto.
Por otro lado, James negó tener una relación de confianza con el ex jefe de Policía, Jorge Fino Palacios, procesado por el juez Ariel Lijo la semana pasada por las supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, si bien casi toda su carrera de policía se desarrolló en el departamento de Robos y Hurtos, bajo la órbita de Palacios. Lo que sí declaró el detenido fue que había mantenido una reunión con el ex jefe de la Policía Metropolitana para pedir su alta en esa fuerza, que, según aseguró, debería haberse producido el viernes pasado. Otras fuentes allegadas a la causa señalaron que también se habría reunido con el actual jefe de Policía porteña, Osvaldo Chamorro, a través de un amigo de él, de apellido Pittaluga.
El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, rechazó de manera tajante esta versión y, hasta el momento, en el juzgado no se pudo constatar que James fuera a ser nombrado en la Policía de la Ciudad.
Además, voceros del ministerio indicaron que James «presentó la solicitud de ingreso como uno más dentro de 1.800», negando así la posibilidad de que el policía hubiera tenido algún contacto para obtener un cargo en la Policía metropolitana.
Legisladores de la oposición, como Aníbal Ibarra, reiteraron ayer sus acusaciones contra Palacios y Montenegro por las posibles vinculaciones con el policía arrestado y volvieron a sugerir la supuesta existencia de una red ilegal de escuchas, señalando al ministro de Seguridad porteño como el supuesto responsable, denuncia muy grave como para no aportar las pruebas que la justifiquen.
El análisis de la documentación recolectada durante los dos allanamientos de ayer, realizado por el departamento de Asuntos Internos de la Policía Federal, será el próximo paso en la pesquisa de Oyarbide, quien seguramente ampliará su investigación a la intervención del celular de Ávila, mientras espera que lleguen los 400 casetes (según calculan) de escuchas que James entregó al auxiliar de Inteligencia misionero y las constancias del caso en esa provincia.