El fiscal Alberto Nisman, encargado de las investigaciones del atentado contra la AMIA, reclamó ayer la inmediata detención del ex presidente Carlos Menem, del ex juez federal Juan José Galeano y de las otras cinco personas procesadas anteayer por presunta obstrucción de la pesquisa para esclarecer el ataque contra la mutual judía.
La presentación de Nisman, que cuestiona la decisión del juez Ariel Lijo de no disponer la prisión preventiva de los acusados, alcanza también al jefe de la SIDE durante el gobierno de Menem, Hugo Anzorreguy; al ex número dos de ese organismo, Juan Carlos Anchezar; al comisario mayor retirado Jorge Palacios («Fino»); al oficial de la Policía Federal Carlos Castañeda, y a Munir Menem, hermano del ex presidente.
De acuerdo con el fallo de Lijo, Menem y su hermano Munir ordenaron a Anzorreguy y a Galeano no avanzar en la denominada pista siria. Según esa hipótesis, lo hicieron para proteger al comerciante Alberto Kanoore Edul, cuya familia estaba ligada a la de los Menem.
El magistrado los procesó a todos ellos por graves delitos, como encubrimiento, abuso de autoridad, falsedad ideológica y prevaricato, que en conjunto pueden sumar penas de hasta 24 años de prisión. Pero decidió que permanecieran en libertad, porque entendió que no intentarían eludir la acción de la Justicia.
Nisman atacó esa decisión. «Resultaría ilógico asumir que ese poder político e institucional que los imputados gozaron -sostuvo el fiscal-, hoy no será utilizado, ahora en beneficio propio, para entorpecer el avance de la pesquisa y, en su lugar, soportar estoicamente una catarata de elementos de convicción que se agregan a la causa para robustecer su responsabilidad en los hechos.»
Protegido
Para que Menem fuera preso, el Congreso debería quitarle los fueros de senador.
Lijo recordó que, a poco del ataque a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, se detectó que Telleldín había recibido una llamada de Kanoore Edul. Las escuchas telefónicas del aparato de Edul revelaron que su padre, Alberto, fue a la Casa Rosada a pedir ayuda. Luego de esos contactos, Munir Menem llamó al juez para transmitirle instrucciones del presidente de la Nación.
Luego de haber manifestado su satisfacción por el fallo de Lijo, Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado, denunció anoche haber recibido amenazas y sostuvo que su teléfono había sido intervenido.
Burstein relató que una persona llamó para advertirle que «Fino» Palacios le había mandado pinchar el teléfono. Luego se determinó que la medida había sido dispuesta por orden de la justicia de Misiones como parte de una investigación vinculada con una banda de piratas del asfalto. La denuncia de Burstein por las amenazas y la intervención de su teléfono son investigadas por el juez federal Norberto Oyarbide, quien dispuso una custodia policial para el dirigente de los familiares.
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