En la flamante Unidad Especial de AMIA mantienen intensas reuniones en estos días para que una vez abierto el período de sesiones ordinarias del Congreso, en marzo, se comience a debatir la figura del juicio en ausencia que Mauricio Macri busca convertir en ley este mismo año. Aunque fue inicialmente un pedido de la dirigencia judía en su rechazo al pacto con Irán, en el Gobierno quieren instalar la idea de que la figura no se creará a medida de ese plan para juzgar a los persas presuntos autores del atentado de 1994, sino con una fórmula amplia para activar otras causas que estén paralizadas. Según se supo, las áreas competentes están reuniendo la dispersa normativa y los distintos proyectos que ya existían. También mantienen reuniones con la colectividad judía y reciben asesoramiento internacional. Entre esos contactos que mantiene el titular de la Unidad AMIA, el ex senador Mario Cimadevilla, figuran asesores e integrantes de la Corte Penal Internacional, el tribunal de justicia de las Naciones Unidas, que se encarga de juzgar a los acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esos contactos también buscan despejar las críticas de quienes afirman que se trata de una figura “inconstitucional”.
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