Por Maristella Svampa y Roberto Gargarella. La exclusión y el racismo continúan afectando los derechos y los cuerpos siempre sacrificables de los pueblos originarios. Según un informe presentado por James Anaya, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, la situación en Argentina es de una gravedad extrema y se distingue, entre otras muchas falencias, por la falta de acatamiento del convenio 169 de la OIT (que exige la consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto extractivo en territorios indígenas); el incumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar los territorios indígenas y suspende los desalojos (los cuales continúan y de modo violento); la dificultad en el acceso a la justicia y, en líneas generales, por la criminalización y represión de la protesta. Como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando se hace uso de derechos (i.e., reclamo de tierras) reconocidos jurídicamente. El último informe presentado por ODHPI (2013) destacaba, sólo para el caso de Neuquén, 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizan a 241 personas de pueblos originarios. Ver Nota Completa en: http://www.clarin.com/opinion/Derechos_Humanos-Neuquen-Petroleo-Protesta_Social_0_1462053830.html.
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