La iniciativa incorpora la regulación de Internet (la anterior ley es de 1988) y la discriminación por orientación sexual. Tiene el apoyo de todos los bloques de la Comisión de Derechos Humanos, aunque la UCR y la izquierda plantean una disidencia. La polémica también se instaló en Internet. Usuarios de la redes sociales y administradores de plataformas cuestionaron como un intento de “censura” el proyecto que dictaminó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para actualizar la ley sobre actos discriminatorios e incluir Internet en la regulación de la nueva normativa. La iniciativa fue suscripta por unanimidad de todos los bloques parlamentarios que integran dicha comisión y sólo los diputados Manuel Garrido (UCR) y Myriam Bregman (FIT-PTS) plantearon su disidencia sobre la redacción del artículo 21 del proyecto, porque su “ambigüedad” deja en “manos privadas” –los dueños de los medios o las compañías que administran las plataformas– la posibilidad de censurar opiniones con un criterio propio e incontrolado, aunque acompañan en general la iniciativa que actualiza la ley sancionada en 1988 y regula las nuevas tecnologías.
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