Cristina Kirchner quedó desde ayer en el centro de una oscura trama dirigida a encubrir a los culpables del ataque a la AMIA-DAIA: el fiscal a cargo de la investigación. Alberto Nisman, pidió la indagatoria de la Presidenta y del canciller Héctor Timerman, a quienes acusó de “fabricar” la inocencia de los ex funcionarios iraníes acusados de estar detrás del atentado contra la mutual judía, en 1994. Nisman también pidió indagar al diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque, al dirigente piquetero Luis D’Elía y al líder de la agrupación Quebracho, Femando Esteche. Contra todos ellos pidió embargos por 200 millones de pesos. La acusación del fiscal se basa en escuchas telefónicas de las que se desprende que el Gobierno buscó, a través de canales diplomáticos informales, negociar con Teherán un acuerdo comercial ventajoso (granos por energía) a cambio de desviar la causa para desligar del caso a los cinco iraníes prófugos. Estas negociaciones precedieron al polémico memorando que Timerman firmó con su par iraní para avanzar en la investigación. Para el fiscal. Cristina Kirchner ordenó poner en marcha el “plan criminal” y se lo encargó a Timerman. Se valió para ello de agentes de la ex SIDE de su confianza que, a través de Larroque y D’Elía, transmitían información a un supuesto agente iraní que, a su vez, la hacía llegar a Mohsen Rabbani, ex agregado cultural iraní en la Argentina y uno de los prófugos de la Justicia.
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