Satisfacción por el hecho, dudas y sospechas por la oportunidad y el momento elegidos.
Por primera vez en mucho tiempo, las distintas agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado terrorista contra la AMIA coincidieron: el proyecto de ley a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados y que les otorga una compensación económica es un paso de «estricta justicia» para quienes perdieron seres queridos o resultaron gravemente heridos en aquella fatídica mañana de julio de 1994.
Eso sí: varios de los familiares consultados por LA NACION y dirigentes de la comunidad «huelen» que detrás del veloz tratamiento de un proyecto que data de 2005 está el intento del Gobierno por calmar la bronca que despertó en la mayor parte de la comunidad judía el polémico memorándum de entendimiento firmado por el canciller Héctor Timerman con Teherán, a fines de enero pasado.
«Por supuesto [el dinero] no equivale a una vida, pero es lo que corresponde, un dinero que se nos debe y va a venir bien a mucha gente ya mayor que lo necesita», afirmó a LA NACION Sofía Guterman, de la agrupación Familiares y Amigos. Guterman, que perdió a su joven hija Andrea en el atentado, se quejó de que «siempre aparecen estas cosas antes de los aniversarios» y afirmó: «Igual, los que estamos en contra del memorándum vamos a seguir pensando lo mismo de él. Los familiares no vendemos a nuestros muertos».
Aun cuando está en las antípodas políticas, Sergio Burstein (del grupo 18J y cercano a posiciones del Gobierno) opinó de modo parecido. «En lo personal preferiría que primero estén los culpables condenados y después que aparezca el dinero. Pero es un pedido que lleva muchos años y es lógico que salga». ¿Hay un uso de este tema por parte del Gobierno? «Lo importante es que salga, el que quiera pensar mal, que lo haga, y si a alguien no le parece bien, entonces que no cobre», desafió.
Diana Malamud, de Memoria Activa, recordó que su organización realizó la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que derivó en el decreto presidencial de 2005 (firmado por el ex presidente Néstor Kirchner) por el que el Estado se comprometía a indemnizar a todos los familiares. «Está bien que salga el proyecto, aunque debió haber sido hace muchos años. Esto es lo lamentable», agregó Malamud, sin entrar en polémicas por el momento elegido por la Casa Rosada para avanzar en el proyecto.
Dirigentes y referentes de la comunidad también alternaron su apoyo al proyecto con objeciones de tono netamente político. «Era hora de que este proyecto saliera, es éste un reclamo que enarbolamos cada vez que tuvimos oportunidad», afirmó el presidente de AMIA, Guillermo Borger.
El titular de la entidad mutual fue más allá: afirmó que «debería pensarse también en un resarcimiento económico a la AMIA y la DAIA» por los daños sufridos en el atentado, más allá de los 11 millones de dólares que el gobierno del ex presidente Carlos Menem destinó a la reconstrucción del edificio de Pasteur al 600.
«El proyecto se tendrá que debatir en el Congreso y es bueno que se lleve adelante. Pero no es razonable que el Gobierno nos subestime: se quiere poner dinero de indemnizaciones donde entregaron sangre», fustigó el rabino y legislador porteño Sergio Bergman (Pro).