PRENSA

Editorial: AMIA, el vergonzoso acuerdo con Irán

El Poder Ejecutivo anunció anteayer mediante 19 tuits de la Presidenta que ha ‎arribado a un acuerdo con Irán -inusual y peligroso- sobre «los temas pendientes ‎vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA», ocurrido el 18 de julio de ‎‎1994. Este extraño convenio, que según su propio texto deberá ser ratificado por ‎los congresos de ambos países y que no menciona la realización de juicio alguno, ‎se negoció en medio de la opacidad y se suscribió a pesar de lo estipulado ‎específicamente en el artículo 109 de nuestra Constitución, que dispone que el ‎presidente no puede, en ningún caso, «arrogarse el conocimiento de causas ‎pendientes».‎
Lo más grave es que el acuerdo, al establecer la creación de una comisión para ‎investigar el atentado, parece ignorar lo actuado por la justicia argentina en una ‎causa que aún está en curso.‎
La decisión del Gobierno -dada a conocer insólitamente el Día Internacional del ‎Holocausto, negado por Irán- recibió críticas tanto de la AMIA y de la DAIA como ‎de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA ‎‎(Apemia) y del arco político opositor, que la considera inconstitucional. Por su ‎parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel sostuvo, con sorpresa y ‎desencanto: «Implicar al presunto culpable en la investigación, luego de haber ‎llegado a conclusiones que llevaron a emitir la alerta roja por parte de Interpol, no ‎tiene precedente».‎
La llamada «Comisión de la Verdad» estaría compuesta por cinco juristas ‎internacionales independientes que analizarán toda la documentación que le sea ‎presentada por las partes. Agrega el texto algo inaceptable: que los dos países se ‎intercambiarán y enviarán a la Comisión «la evidencia que se posee sobre la causa ‎AMIA». No puede admitirse que en virtud del acuerdo el fiscal federal Alberto ‎Nisman, que depende del Poder Ejecutivo, y el juez de la causa, Rodolfo Canicoba ‎Corral, tengan que remitir las constancias de su investigación.‎
La comisión por crearse, que eventualmente formulará «recomendaciones», no ‎puede sustituir a la justicia argentina. El informe final que redactará no puede ‎suplir la labor de nuestros jueces ni la de los fiscales, pues el atentado ocurrió aquí ‎y mal puede el Gobierno resignar la jurisdicción. Si el Poder Ejecutivo duda de lo ‎actuado por la Justicia, debe proceder en el marco de ella misma, cuestionando o ‎impugnando su labor. No puede hacerlo por medio de la comisión por crearse.‎
Una vez constituida esa comisión, proceso que seguramente no será rápido, sus ‎integrantes y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en ‎Teherán para interrogar a las personas sobre las cuales Interpol, a solicitud de las ‎autoridades argentinas, ha emitido la llamada «recomendación roja». Son los ‎iraníes a quienes la justicia local considera responsables del atentado.‎
La comisión aludida, cabe destacar, tendrá autoridad para realizar preguntas a los ‎representantes de cada parte (esto es, a los de la Argentina e Irán). Cabe suponer ‎que no interrogarán, cual alumno, al fiscal actuante, lo que sería inaceptable. Lo ‎que no es obviamente lo mismo que interrogar a las personas ya requeridas ‎judicialmente, atribución que no puede serle negada al fiscal de la causa.‎
No está nada claro si Nisman podrá interrogar, él solo, como obviamente ‎corresponde, a los ciudadanos iraníes requeridos o si deberá hacerlo en presencia ‎de los miembros de la Comisión, lo que sería limitar severamente sus facultades y ‎constreñirlo fuertemente. Más aún cuando se lo obliga a hacerlo en el territorio de ‎Irán.‎
Tampoco está claro si Irán se ha comprometido a entregar a los interrogados a la ‎justicia argentina, si ésta eventualmente los requiriera, luego de sus ‎declaraciones. En rigor, parecería que esto no ha ocurrido. Luego de los ‎interrogatorios, entonces, todo podría volver a quedar paralizado. Como hasta ‎ahora. Se habrá perdido más tiempo en una causa que cumplirá 19 años.‎
En caso de que el acuerdo celebrado entre los poderes ejecutivos de ambas ‎naciones provocara controversias sobre su interpretación o aplicación, ellas serán ‎resueltas por medio de consultas entre ambas partes, lo que puede naturalmente ‎eternizar la puesta en marcha de lo acordado. Particularmente, siendo que la ‎diplomacia iraní es reconocida por su fabulosa capacidad de dilatar todo hasta el ‎infinito, según lo demuestra la marcha de las conversaciones con la comunidad ‎internacional relativas a su cuestionado programa nuclear.‎
Queda visto que el acuerdo está plagado de numerosos y graves interrogantes y ‎contiene dudas de peso. Irán está inmerso en un complejo proceso electoral que ‎tendrá lugar a mediados de este año y que podría contribuir a dilatar, al menos ‎hasta entonces, el trámite doméstico de aprobación del acuerdo comentado, ‎procedimiento al cual curiosamente tampoco se ha puesto plazo alguno.‎
De esta manera, el gobierno argentino ha concluido, en la sombras y rodeado de ‎las peores sospechas, lo que había comenzado con idéntica clandestinidad en los ‎primeros contactos con Teherán. Se comprende ahora el porqué: se estaba ‎negociando la entrega de la jurisdicción argentina y se facilitaba una nueva ‎demora, quizá definitiva, para llegar a la verdad. Salta a la vista quién gana y ‎quién pierde en este acuerdo que nuestro Congreso de ninguna manera deberá ‎refrendar. Gana Irán, pierde la Argentina. Y las víctimas del atentado, sus ‎familiares y toda la sociedad argentina han sido burladas una vez más.‎