Algunos sospechamos que uno de los motivos del curioso “acercamiento” de nuestro país con Irán puede tener que ver con complejas cuestiones de política interna iraní. Además, claro está, de apuntar a proveer a nuestro país de crudo iraní a cambio de soja y/o aceite de soja argentinos, en total contramano del mundo que, lejos de comerciar con Irán, procura en cambio aislarlo y encerrarlo en una red de sanciones económicas que lo obliguen a poner fin a su desafiante programa de enriquecimiento de uranio. Con una aparente “línea roja”: aquella que define que Irán no puede ser -de pronto- una potencia nuclear.
El tema político interno pasa, creemos, por una persona específicamente incluida en la lista de imputados en la causa de AMIA, cuya extradición procura el fiscal que actúa en la causa.
Me refiero a Ali-Akbar Hashemi Rafsanjani, un multi-millonario clérigo iraní que ocupara la presidencia de su país desde 1989 a 1997 y la utilizara para amasar la inmensa fortuna que hoy posee. Se lo llamó entonces “el comandante de la reconstrucción”, tras la guerra contra Irak. Aplicó una política económica liberal, con éxito. Aún hoy, Rafsanjani preside en “Consejo de Discernimiento”, organismo encargado de zanjar las eventuales diferencias que puedan aparecer entre la labor del Parlamento iraní y el “Consejo de Guardianes de la Constitución”, su censor. Todavía tiene, queda visto, un importante peso político doméstico.
La idea de los clérigos iraníes que hoy conducen a Irán podría ser la de encontrar una manera de descarrilar a Rafsanjani, que aparentemente está masticando su posible candidatura a la presidencia de Irán en las presidenciales de junio de 2013. Esa manera podría ser la de “ofrendarlo” a la justicia argentina, que lo procura. O ensuciarlo de modo de afectar su proyecto.
Que en Irán le temen a Rafsanjani está bien claro. Sus dos hijos están hoy presos, en la prisión iraní más dura, la de Evine.
Faezeh, la hija, con una pena de seis meses por su participación -visible- en las protestas masivas, populares y callejeras que siguieron a la reelección de Mahmoud Ahmadinejad, en junio de 2009, en medio de fuertes sospechas de fraude masivo. Su crimen es: “haber perturbado el orden público”. Protestas que, recordemos, fueran reprimidas con violencia inhumana por los clérigos, que apoyaron entonces a Ahmadinejad, de quien ahora están aparentemente distanciados.
Su hijo, Mehdi, es considerado más peligroso aún. Exiliado durante tres años en Londres, regresó inesperadamente, no hace mucho, a Irán. Pese a los riesgos que ello suponía. A su llegada fue interrogado intensamente, para ser enseguida encarcelado en una celda de aquellas reservadas para los presos considerados como los más peligrosos, a los que se mantiene completamente aislados del mundo. Mehdi está considerado como el cerebro de las protestas del 2009 y acusado de haber financiado e instigado a los revoltosos de entonces.
¿Por qué esta presión indirecta contra el padre de ambos prisioneros?
Porque se estima que es quien efectivamente apoya a la oposición, cuyos dirigentes sufren, desde el 2009, prisión domiciliaria. Pero, además, porque se cree que es quien finalmente podría terminar siendo el candidato de la oposición reformista en las presidenciales del 2013.
Por todo esto, ensuciarlo podría ser de interés para los clérigos iraníes, que recelan de Rafsanjani. La causa de AMIA, de pronto, podría ser útil a ese efecto.
Nuestro país, en sus gestiones en curso con Irán, no puede caminar por la cornisa de la ilegalidad. Sus autoridades deben siempre tener en cuenta las claras restricciones que en materia judicial les impone el artículo 109 de nuestra Constitución. Particularmente respecto del “conocimiento de las causas pendientes”, como la de AMIA. Debe, además, cuidarse -mucho- de no terminar siendo miserablemente “usado” en la lucha sorda por el control de Irán que ya está abierta.
*Ex embajador argentino ante Naciones Unidas