La sede de la AMIA fue en 1994 el blanco de un criminal, devastador y ciertamente cobarde atentado terrorista, que provocó un tendal de víctimas inocentes que ha lastimado a todos los argentinos. La lenta investigación judicial que luego del atentado se puso en marcha en procura de establecer las responsabilidades del caso apunta desde hace rato hacia algunas autoridades de la teocracia iraní de entonces, que habrían sido partícipes de lo sucedido. Entre ellas, al ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani; al actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi (frecuente visitante de los países bolivarianos), y al ex canciller Ali Akbar Velayati. Pese a la enorme gravedad institucional y moral de la situación, Irán no ha colaborado para nada con la seriedad, el compromiso y la sinceridad que son necesarios con la marcha del proceso penal argentino. En cambio, ha rechazado de pleno y con arrogancia la mera posibilidad de esa participación y, de paso, tachado a nuestros magistrados y a nuestro proceso de falta de imparcialidad. Por esto la actitud del gobierno argentino de dialogar con Irán en busca de avanzar tardíamente en la investigación ha sorprendido negativamente a muchos. Israel expresó claramente su decepción. Y la comunidad judía -por boca del presidente de la DAIA, Aldo Donzis- recordó que «las resoluciones judiciales no se dialogan». A lo que agregó que «Venezuela tiene tanta relación» con la Argentina y con Irán -su aliado estratégico- que «tuvo que ver» con la decisión presidencial.
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