Fuerte controversia despertó un proyecto de ley presentado en la Legislatura para prohibir la instalación de símbolos e imágenes religiosas en los edificios públicos pertenecientes al Estado porteño. Las posiciones enfrentadas defienden, por un lado, el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y la laicidad del Estado consagrados por la Constitución local, y, por el otro, la tradición con arraigo histórico y cultural de los porteños de colocar altares de la Virgen María y crucifijos en distintos establecimientos. Por la existencia de una mayoría de población católica, no es común la exhibición de símbolos relacionados con otras religiones. Desde hace años hay emplazados dos lugares de oración dedicados a la Virgen en el primer y en el segundo piso del Palacio Municipal de Avenida de Mayo 525, en un espacio común de acceso público; también funcionan, desde siempre, capillas católicas en los cementerios y en los hospitales, donde también se colocaron imágenes de santos. Si bien el debate está focalizado en los edificios dependientes de los tres poderes del Estado porteño, la discusión perfectamente podría trasladarse al nivel nacional, ya que es habitual encontrar en organismos públicos nacionales imágenes y símbolos católicos, pese a que, desde la reforma constitucional del 1994, no existe una religión oficial del Estado argentino. Uno de los máximos exponentes lo constituye el Cristo colocado sobre el estrado de los jueces en la sala de audiencias de la Corte Suprema de la Nación.
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