PRENSA

Nota de interés: El reconocimiento argentino. Por Martín Magram

El día 7 de diciembre de 2010, a 72 horas del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Boletín Oficial argentino publicó el Decreto 1882/2010. Mediante dicha normativa, el gobierno nacional reconoce a Palestina como Estado libre e independiente. Entre sus fundamentos se destaca que la República Argentina ha sostenido permanentemente el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado independiente, así como el derecho del Estado de Israel a vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Asimismo, informa que a pesar de los esfuerzos desplegados desde la Conferencia de Paz de Madrid del año 1991, los Acuerdos de Oslo del año 1993 y de las negociaciones que se han desarrollado en las últimas dos décadas, el proceso de paz palestino-israelí no ha alcanzado aún los objetivos fijados.
Finalmente, se hace eco de los deseos de la comunidad internacional desarrollada y bienintencionada, a la par que emite señales claras instando a las partes a superar la situación existente y sus graves consecuencias para la región, así como para la paz y la seguridad internacional.
La postura de la Argentina sumó, como era de esperarse, adhesiones varias y criticas de lo más variopintas.
Vale la pena comenzar el análisis de este acontecimiento destacando la elemental diferenciación entre Estado y Nación, siendo tan sólo el primero de ellos una verdadera entidad política reconocida por sus pares. En el caso del pueblo judío encontramos, desde su largo exilio, luego de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, una verdadera unidad de sentido basada en la religión, la tradición, la lengua, un sistema normativo propio y el anhelo por regresar a su tierra.
Del otro lado también encontramos a un pueblo vecino cuya población desea vivir en paz y dignidad, y cuyo anhelo de autodeterminación constituye hoy uno de los focos de atención de la población mundial.
Con respecto al principio de autodeterminación, señala la literatura especializada referencias ya en Grocio hacia el año 1625, fortaleciéndose dicho principio en el siglo XVIII con la independencia de los Estados Unidos, en la cual se proclama el derecho de los pueblos a disponer de su destino. Y por supuesto, otro tanto podríamos relevar en Francia hacia 1789.
Se pueden citar otros ejemplos en los plebiscitos de Napoleón III y Cavour, en 1848 y 1860, con motivo de la unidad italiana, o en el Tratado de Paz de Praga del año 1864. Encontramos también referencias modernas durante la Primera Guerra Mundial y en los posteriores tratados de paz firmados en el año 1919.
Asimismo, debe destacarse que el principio de libre autodeterminación ha sido desarrollado, a partir de 1945, en numerosos instrumentos aprobados en el seno de las Naciones Unidas.
Tal como enseña la doctrina internacionalista (Podestá Costa y Ruda), la existencia de un nuevo Estado es por sí misma un hecho desde el momento en que ha nacido y provee a su conservación. Sin embargo su vida en torno a las relaciones internacionales depende de la actitud de los demás Estados independientes. Es decir, el nuevo Estado entra a formar parte de la comunidad internacional a medida que es reconocido.
El reconocimiento es un acto facultativo que, a su vez, debe de ser lícito. Esta característica existirá siempre y cuando la existencia del nuevo Estado reúna las características de los elementos constitutivos: territorio, población y gobierno propio. Debe cuestionarse si la Autoridad Palestina satisface los requisitos tradicionales de estatalidad, toda vez que no tiene un control gubernamental eficaz en sus áreas de influencia o un control efectivo sobre una población permanente, no está en posesión de un territorio definido y no tiene capacidad para participar libremente en las relaciones exteriores.
En cuanto al reconocimiento que emana del Decreto 1882/2010, precisamos que el mismo constituye un recurso político, siendo difícil precisar su sentido jurídico toda vez que los efectos jurídicos de acto de esa naturaleza deben ser declarativos y no constitutivos, es decir: el reconocimiento no viene a crear el Estado sino que el mismo debe ejercer ya su soberanía. Obviamente, este no ejerce una soberanía plena, y mucho menos en la porción geográfica conforme al mapa del año 1967.
Lejos de entender ello como un error jurídico conceptual, lo que el gobierno argentino realizó importa como acto de legítimo impulso regional en torno a la estabilización de la región y su convivencia pacífica. No debe soslayarse que, de acuerdo a la información de la prensa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner remitió en la misma fecha una nota al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, mediante la cual le comunica que el gobierno argentino reconoce a Palestina como un Estado libre e independiente, dentro de las fronteras existentes en 1967 y “de acuerdo a lo que las partes determinen en el transcurso del proceso de negociación”. Es decir, el reconocimiento constituye un acto político que debe leerse como una verdadera aspiración a que las partes encuentren una pacífica resolución a un conflicto que ya lleva 62 años.
Sin embargo, un error en la interpretación de estas declaraciones unilaterales importa el serio riesgo de alentar a la Autoridad Palestina a la declaración también unilateral de su creación por fuera de la mesa de negociaciones, lo cual traerá mayor inestabilidad a la región, impulsando así un nuevo ciclo de violencia con consecuencias impredecibles.
Por otro lado, lejos de interpretarse este decreto como una injerencia arbitraria de la Argentina en asuntos domésticos de otros países, debe comprenderse en el marco del compromiso asumido por el gobierno en torno a lograr avances significativos en la región, así como un deseo de profundizar su presencia en ella. Recordemos que fue nuestro país el que instó al resto de los integrantes del Mercosur a explorar acuerdos económicos con Israel, siendo el que sufrió la proyección de sus violentas disputas en dos atentados –uno de ellos motivó un reclamo permanente ante los foros internacionales de extradición de funcionarios iraníes, buscando incluso una tercera vía a fin de que sean juzgados en una jurisdicción externa–, y recibió a embajadores de la región comprometiéndose con ambas comunidades en el orden local.
El interrogante que surge será entonces respecto del impacto de futuras declaraciones unilaterales en igual sentido, por parte de otros países, así como la actitud que adoptarán los gobiernos de Israel y Palestina respecto del conflicto.
Surge, evidentemente, la necesidad de incrementar el esfuerzo que realizan los países desarrollados y con democracias firmes para lograr estabilizar la región. No representa ayuda alguna, resoluciones arbitrarias, revisionismos históricos parciales ni comparaciones demagógicas tal como acontece permanentemente en algunos foros internacionales. Resulta relevante también la enorme y desproporcionada cantidad de resoluciones de organismos de la ONU (Comisión de Derechos Humanos, Consejo de Seguridad, entre otros), así como de la Asamblea General, respecto de Israel y en detrimento de otros países con democracias débiles, sistemas corruptos y violaciones permanentes a los Derechos Humanos. Otro tanto podríamos agregar respecto de la cantidad de denuncias y solicitudes ante la Corte Penal Internacional respecto de funcionarios israelíes, utilizando la jurisdicción universal como una verdadera herramienta política de presión, más que como una corte jurídica, socavando la finalidad y objetivo del Estatuto de Roma. De prosperar tales fines ,se observará una verdadera selectividad y arbitrariedad del sistema punitivo penal internacional, que pondrá en cuestión su propia existencia.
Algunos ejemplos demuestran que la parcialidad y arbitrariedad a la hora de analizar al Estado de Israel y sus políticas, en nada colaboran para generar una mayor estabilidad en la región. La comparación de Israel con el apartheid sudafricano socava y erosiona cualquier resultado político efectivo, trastocando así el sentido de dicha política de segregación racial implementada entre 1948 y 1994, y resultando extraña a la sociedad israelí, donde existe el sufragio universal, participación árabe en el Parlamento, Poder Judicial y ministerios, y donde la discriminación está estrictamente prohibida.
Tampoco constituye ayuda alguna las interpretaciones descontextualizadas del Bloqueo a Gaza, recurso utilizado en disputas históricas entre los Estados Unidos y Vietnam, India y Pakistán o la Argentina misma con el Reino Unido.
Por otro lado, la iniciativa del bloque regional se presenta quizás como una oportunidad histórica para lograr el compromiso verdadero de terceros países en torno al conflicto. Una genuina participación deberá cuestionar la insólita membresía de países como Libia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano creado para proteger y denunciar graves violaciones por parte de los Estados. La continua tratativa del conflicto árabe-israelí constituye una verdadera pantalla que permite mantener un absoluto hermetismo en torno a las violaciones cometidas en Darfur, Corea del Norte, Irán, Sudán, Venezuela o Kirguistán, y otra decena de países integrantes de la ONU. El verdadero compromiso deberá evitar en el futuro la realización deliberada y arbitraria de informes, como el denominado “Goldstone”, que se presenta como un verdadero obstáculo para la paz entre Israel y Palestina, al igual que aquellos que abogan por dos Estados para dos pueblos y por el fin de la ocupación.
Por otro lado, resulta imperativo avanzar en los procesos de paz, debiendo la comunidad internacional conminar a ambas partes a establecer garantías mutuas que eviten rápidos retrocesos o el recrudecimiento de la violencia.
En la misma fecha de publicación del decreto, el diario El País publicaba cómo el tráfico de armas entre países radicales se extiende por Asia. “Desde las inescrutables raíces del programa misilístico norcoreano brota un flujo continuo que se canaliza hacia Irán y Siria, quienes, a su vez, abastecen a Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los grupos armados chiíes en Irak”, es decir, todo esfuerzo por alcanzar la paz en la región se desmantela ante una realidad ignorada.
Sirva entonces el impulso de la Argentina y sus pares regionales para ejercer una real influencia internacional sobre ambos actores, a fin de que retomen la mesa de negociaciones, removiendo los obstáculos y sorteando una disputa histórica que amenaza, a la larga, no sólo la posible creación de un nuevo Estado, sino que erosiona la base misma de ambos pueblos.