La semana próxima Carlos Menem se juega mucho más que su alineamiento político en el Senado: se define si puede seguir en libertad en una de las causas judiciales en las que está siendo investigado.
La Cámara Federal resolverá entre el lunes y martes próximo si el ex presidente debe ser detenido acusado de encubrimiento durante la investigación del atentado contra la AMIA ocurrido en 1994. Si así lo cree el tribunal, se abre un complicado escenario político en el que el Senado debería tratar su desafuero y se alteraría la frágil mayoría que la oposición dice haber conseguido en la Cámara alta. Además da pie a un debate jurídico acerca de si un eventual desafuero le hace perder la banca o sólo su inmunidad.
Menem fue procesado por el juez federal Ariel Lijo al considerarlo instigador de los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica -reiterada en ocho oportunidades-, violación de medios de prueba y abuso de autoridad. Se le endilgó haber dirigido la investigación del ataque terrorista de 1994 contra la AMIA para evitar que alcance a Kanoore Edul, un comerciante de origen sirio, familiarmente ligado a los Menem. La suerte del ex presidente está atada a la de su hermano Munir, acusado de los mismos cargos; a la del ex juez federal Juan José Galeano, a cargo de la investigación del ataque; a la del ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy; a la del ex comisario Jorge Palacios, preso por la causa del espionaje telefónico; al ex segundo de la SIDE Juan Carlos Anchezar y al ex comisario Carlos Castañeda. El fiscal Alberto Nisman pidió que todos sean detenidos e indagados. El juez Lijo los indagó y los procesó, pero no los detuvo. El fiscal apeló y ahora será una sala especial de la Cámara Federal la que resolverá su futuro.
El tribunal está integrado por los jueces Gustavo Bruzzone, Carlos Alberto González y Jorge Rimondi, todos magistrados de la Cámara del Crimen, pero abocados a esta causa porque los jueces de la Cámara Federal se excusaron o fueron recusados porque ya intervinieron en el expediente del caso AMIA.
Bruzzone impulsa una doctrina cada vez con más adherentes, que garantiza la libertad del acusado hasta el juicio, de modo que el arresto no se convierta en un adelanto de condena. Fiel a sus principios, que lo llevaron a votar incluso por la libertad de Omar Chabán en Cromagnon, se pronunciaría por rechazar el pedido de detención. Carlos González, en cambio, haría lugar al pedido de arresto y el tercer camarista, Rimondi, si bien comparte el criterio de Bruzzone, podría entender que en este caso hay circunstancias excepcionales, como el peligro que puede correr la prueba, para votar por el arresto.
Los tres, en cambio, estarían de acuerdo en confirmar los procesamientos, con lo que quedaría despejado el camino para que el caso llegue a juicio oral y público. Aunque aún falta el primer paso.
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