PRENSA

Una Justicia aún en deuda

Como los anteriores, el año que terminó volvió a mostrar a una Justicia mayoritariamente morosa y sensible a las necesidades del poder político en las más resonantes causas de corrupción. La confirmación de esta tendencia es una muy mala señal si tenemos en cuenta que 2010 ha empezado con una crisis generada por el Gobierno al disponer ilegalmente el apartamiento del presidente del Banco Central, y este tema ya está en manos de la Justicia, donde deberá recorrer varias instancias luego de que la jueza federal en lo contencioso administrativo María José Sarmiento frustró los deseos de la Presidenta.
En el paisaje del año pasado, y salvo casos aislados, sólo la Corte Suprema ha dado señales de independencia en algunos de sus fallos y en declaraciones de sus integrantes.
Con su abrupto sobreseimiento a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, el juez federal Norberto Oyarbide cerró el año judicial con el mejor ejemplo de una Justicia servil, acompañado por el de Eduardo Taiano, el fiscal de ese sumario que no apeló el sobreseimiento, tornándolo en definitivo.
Escasos o nulos han sido los avances en las investigaciones de otros escándalos del kirchnerismo, como el de la valija con 800.000 dólares que trajo el venezolano Antonini Wilson, presuntamente destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Otro tanto puede decirse del expediente en el que se investigan extraños aportes a la misma campaña realizados por empresarios farmacéuticos quebrados y vinculados con la adulteración de medicamentos, algunos de ellos asesinados en el triple crimen de General Rodríguez. Y también del sumario en el que se investiga si el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime compró un jet mediante testaferros, un expediente que se disputan Oyarbide y el juez federal Claudio Bonadío, con la presunción de muchos observadores de que no es para llevarlo adelante, sino para librarse de él.
Otro enorme déficit lo constituye el caso Skanska, en el que se analizan presuntas coimas y sobreprecios pagados durante la ampliación de los gasoductos. Hace ya dos años que el sumario del fuero federal descansa en el juzgado de Oyarbide, quien no ha mostrado ningún apuro para sustanciarlo.
También fue el año de mayor injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, coronado con la exhortación de la Presidenta a la Justicia para que no se deje presionar por las empresas, cuando es sabido que la presión que padecen los tribunales federales es la del oficialismo, ya sea a través de un Consejo de la Magistratura digitado por la mayoría kirchnerista o directamente por el jefe de Gabinete, quien no dudó en ordenar a un comisario de la Policía Federal que impidiera a un juez cumplir la resolución de una cámara con ocasión de un conflicto en el gremio de aeronavegantes. Esto lleva a plantear si en algún otro país del mundo un ministro de ese rango estaría a estas alturas en funciones después de haber cometido un atropello institucional de tanta gravedad.
La selección de los jueces federales sigue sospechada, con denuncias de exámenes amañados a favor de los candidatos del Gobierno, y otro tanto ocurre con los procesos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, en el que, por ejemplo, y al influjo de una curiosa casualidad, el último pedido para enjuiciar a Oyarbide recayó en la consejera ultraoficialista Diana Conti.
Desde ya, también hubo actitudes que, en este contexto de justicia sospechada, merecen destacarse, como la desestimación de la denuncia contra directivos de Papel Prensa que presentó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en su vano intento de emplear a la Justicia en la guerra del Gobierno contra la prensa libre. Asimismo hay que destacar los cuatro fallos de otros tantos jueces contra la aplicación de la ley de medios.
En lo que hace a las causas ya casi históricas, la Corte ha dado un nuevo impulso a la del atentado a la AMIA, al ordenar que se vuelva a investigar al doblador de autos Carlos Telleldín. El máximo tribunal dio una señal de independencia con un fallo en el que intimó al gobernador de Santa Cruz a reponer en su cargo de procurador general del Superior Tribunal de esa provincia a Eduardo Emilio Sosa; orden que el gobernador aún no acató.
El juicio oral por el contrabando de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, que cuenta al ex presidente Carlos Menem entre los 18 acusados, ha cumplido más de un año sin producir ninguna novedad de importancia, cuando aún restan por lo menos otros seis meses de audiencias. Mientras tanto, la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero se encuentra paralizada por un serio e inconcebible error de la Cámara de Casación, que no notificó de una audiencia a Menem.
Estas dos últimas investigaciones son pruebas palpables de los enormes perjuicios que ocasiona el paso del tiempo en la búsqueda de la verdad. En ambos casos, la enorme demora obedeció a la intencionada lentitud de los jueces mientras el menemismo se encontraba en el poder.
El mismo daño, adrede y calculado, es el que los jueces que dejan dormir las causas contra el kirchnerismo les están ocasionando al esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los responsables.