Las escuchas telefónicas a uno de los más activos familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, Sergio Burstein, generaron ayer un revuelo en el Gobierno porteño. Legisladores opositores pidieron la interpelación del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, quien tuvo que salir a aclarar que un ex policía federal detenido por este caso el lunes no trabaja en la nueva Policía Metropolitana.
El detenido se llama Ciro Gerardo James, un joven abogado que hasta agosto trabajó en la Policía Federal, según coincidieron en afirmar fuentes opositoras y judiciales. James fue indagado ayer por orden del juez federal Norberto Oyarbide y anoche fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz.
James trabajaba en la Superintendencia de Investigaciones de la Federal, el área que supo comandar en su momento el ex comisario Jorge «Fino» Palacios, quien iba a encabezar la Policía Metropolitana pero renunció luego de las críticas que recibió por su actuación en la causa AMIA. Ayer, la Policía Federal se negó a comentar el caso. Pero una versión indicó que James trabajaba ahora para la Policía Metropolitana.
«Nunca trabajó ni trabaja ni trabajará en la Policía Metropolitana», dijo anoche a Clarín Montenegro sobre James, El ministro de Justicia y Seguridad había defendido a capa y espada la designación de Palacios al frente de la Policía Metropolitana.
Un grupo de legisladores opositores al macrismo pidió ayer la interpelación de Montenegro y que informe si James pudo haber sido contratado a través de convenios con universidades. El ministro negó ese dato a Clarín.
Burstein fue uno de los más críticos opositores a la designación de Palacios al frente de la Policía Metropolitana. Palacios finalmente renunció a ese cargo y a las pocas semanas fue procesado por irregularidades en la causa AMIA.
Mientras Burstein acompañaba el reclamo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas contra el gobierno iraní el mes pasado, su hija recibió un llamado que le advirtió que su teléfono estaba «pinchado» por orden de Palacios.
Hecha la denuncia, el juez Oyarbide constató que el teléfono estaba efectivamente intervenido por orden de un juez provincial misionero, Horacio Gallardo, en una vieja causa por contrabando y homicidio. El pedido de intervención fue hecho por un policía provincial en base a un informe de James, según dijeron las fuentes. Pero lo peor es que James habría retirado los audios de las escuchas de la Secretaría de Inteligencia.
El juez Gallardo, quien quedó en una situación comprometida, está de licencia por enfermedad en La Plata y ayer habría pasado por Tribunales para interiorizarse del caso. Su reemplazante, José Luis Rey ¿quien renovó las escuchas, anuladas la semana pasada¿ explicó que el teléfono de Burstein aparecía supuestamente vinculado con el de un prófugo de la causa tramitada en Misiones.
«Es una vergüenza, es indignante que a través de un artilugio hayan legalizado una escucha ilegal», se quejó ayer Burstein ante Clarín. «No me consta que haya sido Palacios, pero llama la atención que justo me hayan pinchado el único celular que uso de los seis que están a mi nombre. Y casi todas mis conversaciones son por el tema AMIA», agregó Burstein, quien ayer pasó por Tribunales junto a su abogado.
Fuentes de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas por el Atentado contra la AMIA recordaron que Burstein es comerciante y que el supuesto dato que lo vincula con la causa misionera es «piratería del asfalto». «Algo descabellado», dijeron.
Las escuchas sobre Burstein comenzaron el 6 de agosto. Dos semanas antes, Palacios había denunciado una «campaña de desprestigio» en su contra. Finalmente, el 26 de agosto, Palacios renunció a liderar la fuerza creada por el Gobierno porteño de Mauricio Macri.