A 15 años del ataque terrorista que mató a 86 personas y aún sigue impune, la Justicia procesó al ex presidente Carlos Menem, su hermano Munir, al destituido juez Juan José Galeano, al ex jefe de Antiterrorismo de la Policía Federal Jorge “El Fino” Palacios y al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy por considerar que cometieron irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. En el fallo de 324 páginas, el juez federal Ariel Lijo deja constancia de una asombrosa historia de corrupción, poder e influencias familiares alrededor de la investigación del atentado.
El magistrado también procesó al ex integrante de la SIDE Juan Anchezar y al ex comisario de la Federal Carlos Castañeda. Además, embargó a todos los procesados por 300 mil pesos. No ordenó ninguna detención por tratarse de delitos excarcelables y porque, según explicaron en el juzgado de Instrucción Nº 4, “no hay riesgo de fuga del país”. De todas formas, el fiscal que investiga la causa, Alberto Nisman, adelantó a este diario que evalúa exigir la prisión preventiva.
Los familiares de las víctimas –querellantes de la causa junto a la AMIA y la DAIA– exigieron cárcel para Menem y los demás procesados. “Estamos satisfechos. Esto finaliza una pelea de 15 años que dimos todos los familiares, nosotros, los de Apemia y los de Memoria Activa. Pero queremos que Menem vaya preso”, opinó Sergio Burstein.
El extenso fallo sostiene que, frente al mayor atentado terrorista en la Argentina, el ex presidente Menem priorizó su amistad con una familia de origen sirio, sospechada en el atentado, y apeló a su influencia en la Justicia, la policía y los servicios de inteligencia para desviar la investigación.
En términos del fiscal Nisman, “doce días después del atentado, desde la presidencia se orquestó un plan para dar protección local a (Alberto Jacinto) Kanoore Edul”.
EL ENCUBRIMIENTO. El texto que fundamenta los procesamientos ofrece pruebas suficientes –a criterio del juez– para sospechar que Kanoore Edul (h) tuvo vinculación con la preparación del acto terrorista. También sobran indicios para señalar que las órdenes de dejar de investigarlo involucran a parte de la cúpula política de aquellos años, a la policía y a la SIDE.
La historia que involucra al empresario textil sirio-argentino comenzó –para la Justicia– ocho días antes del atentado. El 10 de julio de 1994 Kanoore Edul llamó a la casa del reducidor de autos, Carlos Telleldín quien, por medio de los clasificados del diario Clarín, había puesto en venta la Renault Traffic que luego se habría usado como camioneta-bomba.
En su declaración del 2 de agosto, Kanoore Edul intentó adjudicarle ese llamado a su chofer aunque la Justicia comprobó que éste no había trabajado ese día. El 3 de agosto, entonces, cambió de argumento. Dijo que pudo haber hecho el llamado porque estaba buscando una camioneta para suplantar la Mercedes Benz que días más tarde denunció como robada. En la búsqueda de un nuevo vehículo no llamó a ningún otro anunciante.
El 1 de agosto de aquel año, el día después de que el ex juez Galeano ordenara el allanamiento a la casa de Kanoore, estuvo plagado irregularidades. La Policía Federal, comandada por el comisario Palacios, llegó al domicilio de la calle Constitución a las 8 de la mañana. Alrededor de las 11 hubo dos llamados al dueño de casa desde el teléfono de El Fino y el procedimiento se inició recién pasadas las cinco de la tarde.
Ayer, Palacios, le dijo a este diario que nunca llamó a Kanoore Edul para avisarle de los allanamientos, pese a que los llamados figuran en la causa.
Mientras la policía esperaba en la puerta de la casa de Kanoore Edul hijo, su padre se movía como un habitué en la Casa Rosada. El fallo judicial deja sentado que ese día fue recibido por Munir Menem, el hermano de su viejo amigo, Carlos Saúl, a quien ayudó en su primera campaña presidencial. En ese encuentro le pidió que no molestaran a la familia. Los resultados fueron concretos: la investigación se paralizó.
Desde ese momento se le restó importancia a pruebas tales como que en la agenda de Kanoore Edul (h) figuraba el teléfono de Moshen Rabbani, el agregado cultural iraní en la Argentina señalado como uno de los posibles responsables del atentado. Se trata de un personaje a quien la SIDE tenía fotografiado buscando una camioneta “tipo Traffic” –según el fallo de ayer– en algunas concesionarias de la avenida Juan B. Justo. Posteriormente Rabbani habría recibido la camioneta de manos de Edul.
Tampoco se consideró relevante que el volquete que había sido retirado de la puerta de la AMIA antes del atentado apareciera cerca de la casa de Kanoore Edul. La fiscalía, sin embargo, sí tuvo en cuenta aquellas pruebas. Por eso, a 15 años del atentado, este grupo de siete poderosos devaluados, hoy está en manos de la Justicia.
“Es todo un invento”, se excusó el ex jefe de policía PRO
“¡Es todo un invento!”, bramó del otro lado del teléfono el ex comisario Jorge “Fino” Palacios. El fugaz jefe de la policía porteña de Mauricio Macri se acababa de enterar de que lo habían procesado. El juez federal Ariel Lijo le atribuyó “ocultar información” y lo responsabilizó por la desaparición de “casetes con escuchas telefónicas” a la familia Kanoore Edul –involucrada en la causa AMIA–, que podrían haber agregado información fundamental a la investigación.
El ex jefe de Antiterrorismo de la Policía Federal le dijo a este diario que sus abogados definirán la estrategia frente al procesamiento. Además, repitió su clásico argumento: “No tengo nada que ver con la desaparición de lo casetes y no llamé a Kanoore Edul para alertarlo sobre el allanamiento que iban a realizarle”. Para Palacios, “todo surge por mi trabajo con el ingeniero Macri. Antes, Palacios no existía”. Desde el juzgado de Ariel Lijo, explicaron que Palacios estaba sospechado desde antes de su nombramiento: “Ya en noviembre había sido citado ante la Justicia”.
Cerca del ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien defendió con enjundia el nombramiento porteño de Palacios, ayer prefirieron mantener silencio.