El conflicto entre la Argentina e Irán, el más serio en cuanto a relaciones bilaterales de la era Kirchner, tomó ayer un nuevo vuelo, al convocar el Gobierno del país islámico al encargado diplomático argentino en Teherán para expresarle su «fuerte protesta» tras el reclamo de Buenos Aires por la designación como ministro de Defensa de Ahmad Vahidi, acusado de participación en el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires. Mientras tanto, desde el Gobierno se comenzó a redactar el mensaje que Cristina de Kirchner dará a fines de setiembre, cuando la Presidente tenga que hablar en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
Allí, la jefa de Estado condenará por segunda vez consecutiva en ese ámbito (y tercera si se suma la exposición de Néstor Kirchner de setiembre de 2007) la posición del Gobierno iraní de no permitir la extradición de los acusados por la Justicia argentina por el atentado a la mutual judía. Además, ante la ONU hablará puntualmente del caso Vahidi, de su nombramiento, del pedido de captura de Interpol y de la violación al derecho internacional por parte del Gobierno de Teherán al no permitir la presencia personal de los acusados ante la Justicia local.
El Gobierno prepara también otro movimiento importante. El Ejecutivo está analizando los pasos que deberá seguir para reclamar ante Interpol la eventual captura de Vahidi, en el caso de que este viaje fuera de su país a raíz de su nuevo cargo de ministro de Defensa de Irán. La potencial captura del funcionario islámico podría darse sólo cuando toque algún país en el cual Interpol tenga jurisdicción para actuar y, eventualmente, algún tratado de extradición con la Argentina.
Ayer Irán le advirtió al encargado argentino, el diplomático de carrera Mario Enrique Quinteros, que la posición de Buenos Aires es una «clara interferencia en los asuntos internos iraníes». El funcionario, único representante legal del país ante el régimen de Teherán, tomó nota y emitió más tarde un comunicado oficial hacia Buenos Aires. Minutos después, desde Aeroparque, Aníbal Fernández negó la acusación y afirmó que su Gobierno «no pretende meterse en otro ámbito que no sea discutir lo que ya está discutido en Interpol». El jefe de Gabinete, por orden de Olivos, tuvo así la función ayer de ejercer el rol de emitir la voz oficial sobre el nuevo capítulo dentro del conflicto diplomático. El funcionario declaró, además, que «lo que se está diciendo claramente es que Vahidi es uno de los cinco iraníes y un libanés que tienen notas rojas de Interpol y que implican la detención de la persona en el lugar en que se la encuentre».
Antes Quinteros había recibido en la capital iraní un escueto y directo escrito, reproducido luego por la agencia oficial IRNA, donde se mencionaba que «desafortunadamente, algunos individuos y grupos en la Argentina, especialmente en el sistema judicial, sirven a los intereses de los sionistas en vez de defender al pueblo argentino» y que «algunos ejemplos evidentes de la corrupción dentro del Poder Judicial Argentino y algunas personas que reciben sobornos han tratado de obstaculizar la investigación sobre el ataque contra la AMIA».
Vahidi es reclamado por Interpol en el marco de la investigación por el atentado perpetrado en julio de 1994 en la Argentina, en el cual murieron 85 personas. En la protesta oficial de la Argentina publicada el viernes pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores que dirige Jorge Taiana dijo que la designación de Vahidi era «una afrenta», manifestó «su más enérgica condena» a la designación y advirtió que «su nominación para ocupar un cargo ministerial en Irán ha sido recibida con grave preocupación».
Interpol anunció en marzo de 2007 que emitiría órdenes de búsqueda internacionales para la extradición de cinco dirigentes iraníes, entre ellos Vahidi, y de un libanés a los que la Justicia argentina acusa de haber desempeñado un papel en el atentado contra la mutual AMIA.
En el comunicado de protesta se reiteró que el Gobierno de la República Islámica de Irán debe «cooperar de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes».
La Argentina e Irán mantienen a esta altura el nivel mínimo de relaciones diplomáticas bilaterales, con sendas oficinas de negocios abiertas en Buenos Aires y en Teherán. De hecho, Quinteros es el único argentino en funciones en esa oficina, ya que el resto de los empleados en la delegación son latinoamericanos o de otras procedencias. Ambos países mantienen así relaciones políticas y diplomáticas mínimas, casi no hay movimientos de personas y el comercio bilateral es casi inexistente (menos de u$s 100 millones). Irán, en alguna época fue uno de los principales compradores de trigo, yerba mate y otros commodities provenientes de la Argentina, y en algún momento de la historia (durante la Guerra de Malvinas y a comienzos del Gobierno de Carlos Menem) se pensó en algún tipo de negociación para ampliar la relación comercial. En estos momentos, el comercio bilateral no está prohibido, pero ni se lo promueve ni se lo alienta.
En realidad, la decisión de no romper relaciones diplomáticas es una cuestión estratégica implementada desde Buenos Aires. La continuidad operativa de la oficina de negocios en Teherán obliga al Gobierno local a tomar nota de todas las notificaciones oficiales que partan desde Buenos Aires, incluyendo los pedidos de captura de los iraníes prófugos, los documentos de protesta y las misivas diplomáticas de reclamos de extradiciones con el aval de Interpol. Si la oficina que hoy maneja Quinteros se cerrara, suponen en Buenos Aires, Teherán podrá no darse por notificado de estos requerimientos, y las gestiones deberían ser realizadas por terceros países. Así, con la representación operando, Irán no puede no darse por enterado de los reclamos argentinos. «Funciona como una escribanía abierta», aclaraban ayer fuentes del Gobierno argentino sobre la continuidad de la oficina en Teherán.