PRENSA

Demanda contra el diario La Nación

La presentación de una querella judicial de un agente de la SIDE contra autoridades del diario La Nación puede considerarse, dadas la legislación existente, actuaciones anteriores del mismo funcionario y su cercanía con la cúpula del oficialismo, otra forma de presión sobre los medios de prensa independientes.

Antonio Stiuso, director general de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, y miembro del organismo desde hace muchos años, ha presentado una demanda contra Bartolomé Mitre y Julio Saguier, director y presidente del directorio de La Nación, respectivamente, por haberse sentido agraviado por un editorial del citado diario, que opinaba que la causa judicial que se instruye por el atentado a la AMIA está afectada por operaciones de inteligencia destinadas a desviar el rumbo de las mismas de la dirección correcta.

El mismo funcionario tiene elevada una demanda contra el Editor General y un periodista de este diario, también por informaciones publicadas sobre el caso de la AMIA.

Cabe recordar, al respecto, que acaban de cumplirse quince años del atentado y que la investigación ha estado plagada de grandes irregularidades que llevaron al procesamiento del juez que estuvo originalmente a cargo de la misma y que la Corte ha ordenado reabrir el caso.

Además, desde el comienzo de la causa existieron sospechas de que los servicios de inteligencia intervinieron manipulando las investigaciones, sospechas que fueron reflejadas en los más diversos medios de prensa.

Por otra parte, la presentación judicial de Stiuso hace referencia a una ofensa por una opinión periodística, cuando la legislación local no contempla el delito de opinión.

Estos antecedentes y el hecho de que Stiuso sea un funcionario de un organismo oficial, hacen que la demanda aparezca como una nueva manifestación gubernamental de malestar con la libertad de prensa, y como una forma de presión sobre los medios que la practican.

Una demanda judicial de un funcionario de la SIDE contra La Nación aparece como una nueva manifestación gubernamental de malestar con la libertad de prensa.